La medida, que comenzará a regir desde este miércoles, supone un duro golpe a las finanzas de las comunas, que utilizaban las boletas de luz como una forma segura de recaudar conceptos no relacionados con el servicio, como tasas adicionales por seguridad, educación, o transporte público. A esto se suma el debate inconcluso en la Legislatura bonaerense sobre la derogación de dos impuestos a la luz y el agua que recaudan directamente los municipios, y que representaría una caída de ingresos de aproximadamente $ 1.300 millones.

La resolución, firmada por el directorio de OCEBA y publicada en el Boletín Oficial, también afecta fuertemente a las cooperativas, que tampoco podrán cobrar otros servicios que prestan en forma complementaria al servicio eléctrico, como los sepelios.

Concretamente, la norma dispone que las facturas que emitan las distribuidoras provinciales o municipales solo deberán contener "conceptos tarifarios vinculados a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica". Sólo quedará exenta de la medida la tasa de alumbrado público.

Las tasas municipales se llevan un buen porcentaje de las tarifas de servicios públicos. Aunque cada comuna posee un régimen diferente, casi todas utilizan las facturas (sobre todo las eléctricas, que tienen una cobrabilidad del 95%) como un "reaseguro" para cobrar servicios ajenos a la actividad.

En Tandil, por caso, las tasas municipales representan un 13,6%: dos de ellas son destinadas al alumbrado público y a inversiones realizadas por la cooperativa local, pero la tercera (del 3,5%) es usada para la cobertura de prácticas de alta complejidad en el hospital local. Luján, por su parte, incluye gravámenes por 17%: 2% para los bomberos voluntarios, y tres tasas del 5% cada una destinadas a fondos de infraestructura, acción social y seguridad. Chivilcoy, por su parte, implementa tres tasas fijas para seguridad ($44), educación ($40) y transporte público ($39). Todos estos conceptos dejarán de tener vigencia a partir de este miércoles.

Trasfondo político

La decisión oficial forma parte de un nuevo capítulo de la pelea entre el Gobierno y la oposición por los aumentos de tarifas. El debate comenzó a fines de abril. En medio de la presión de la oposición en el Congreso y la Legislatura para suspender los aumentos dispuestos para 2018, el presidente Mauricio Macri pidió un esfuerzo a las provincias, y la primera en anotarse fue María Eugenia Vidal, quien anunció la derogación de todos los impuestos que la Provincia incluía en las boletas, lo que suponía rebajas promedio del 15,7% en electricidad, 6,3% en gas y 6,2% en agua.

Días después, la mandataria derogó por decreto varios de esos impuestos, y envió a la Legislatura un proyecto para hacer lo propio con otros tres tributos establecidos por ley. Uno de ellos fue aprobado de inmediato, mientras que otros dos se empantanaron a raíz de la oposición de los bloques peronistas, puesto que afectaban directamente a los municipios.

Cambiemos salió airoso en el Senado, donde aprobó la norma con holgura, pero ahora deberá sortear Diputados, donde no cuenta con los números para avanzar. Están en juego $ 1.300 millones que son recaudados directamente por los municipios.

De este modo, la resolución de OCEBA supone un nuevo golpe de efecto en la pelea, ya que obligará a los intendentes (que en muchos casos se quejan por los aumentos) a dejar de cobrar importantes sumas de dinero, que afectaban a la prestación de servicios tan variados como educación, seguridad y transporte público.

Adelanto

En el caso de las cooperativas, la gobernadora Vidal ya había manifestado su malestar por el cobro de servicios ajenos a la prestación. En declaraciones televisivas había sostenido que había que "mejorar una tarea que es controlar las facturas" ya que, sostuvo, "han habido cargas indebidas de parte de las cooperativas o de las empresas de energía o de gas en la factura que llega a la casa". (DIB)