Finalmente no hubo plan de salvataje posible a la empresa que usó el grupo Indalo para retener más de 8.000 millones de pesos en impuestos de transferencia de combustible con los que creó medios de comunicación y firmas financieras. El juez en lo Comercial Javier Cosentino decretó este viernes la quiebra de la empresa Oil Combustibles, propiedad de Cristóbal López y Fabián De Sousa, ambos detenidos por evasión agravada y fraude al Estado.

Ahora, se abrió un plazo de 72 horas para que los que estén interesados en la empresa presenten su propuesta de compra.

Mientras tanto, el magistrado dispuso el "desapoderamiento de los bienes" de los empresarios y los activos de la empresa quedan bajo tutela de la Justicia; de esta forma, los empresarios kirchneristas López y De Sousa pierden el control sobre los medios de comunicación, constructoras y de servicios petroleros.

Cosentino puntualizó que se dará "continuación de la explotación de la empresa por 30 días para evitar riesgos ambientales y garantizar fuentes de trabajo".

El juez resolvió la quiebra un día después de que visitara la planta de la petrolera en la localidad santafesina de San Lorenzo, donde les había adelantado a los trabajadores que "en los próximos días" se resolvería la situación con la garantía de la "continuidad productiva".

En ese sentido, el secretario legal del sindicato de Petroleros Unidos de la localidad de San Lorenzo, Héctor Brizuela, dijo que el magistrado les informó que existen "tres firmas interesadas" en hacerse cargo de la compañía, y que estaba "garantizado el pago de los haberes de mayo y eventuales indemnizaciones" a trabajadores.