La oposición en la Cámara de Diputados logró ayer firmar dictamen para su proyecto de ley que apunta a atenuar la suba de tarifas de servicios públicos, pero el oficialismo discute la cantidad de firmas obtenidas para bloquear el debate, aunque el tema quedó en condiciones de ser discutido en el recinto la semana próxima.

La polémica se centra en cuál es el dictamen de mayoría, si el de la oposición o el de Cambiemos, que plantea el rechazo al proyecto, dado que en la sesión de la semana próxima deberá someterse a votación en primer lugar el que tenga más firmas.

El proyecto impulsado por el Bloque Justicialista y el Frente Renovador, y acompañado por el kirchnerismo, se discutió en las comisiones de Obras Públicas y de Defensa al Consumidor la semana pasada y en la de Presupuesto y Hacienda este miércoles, con un resultado de 51 firmas a favor, mientras que hubo 47 para el de Cambiemos.

Sin embargo, Cambiemos apuntará a que cuando un diputado integra más de una comisión su firma cuenta por una sola, lo que daría un resultado de 43 a 41 a favor del dictamen de rechazo y esto haría que, cuando el tema llegue al recinto, se trate primero ese.

La iniciativa del peronismo establece que las tarifas se retrotraigan a valores de noviembre del año pasado y que los aumentos no suban por encima del índice de variación salarial para los usuarios residenciales, al tiempo que reduce el 50% del IVA que se cobra sobre los montos facturados.

El oficialista Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, planteó durante el debate la necesidad de esperar un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso para estudiar el impacto fiscal del proyecto, pero no prosperó.

Frente al argumento del peronismo de que la inflación es más alta que la prevista en el Presupuesto 2018 y que, por lo tanto, la recaudación por IVA también sería superior, Laspina remarcó que "una inflación más alta también implica gastos más altos" para el Estado.

El diputado de Cambiemos Luis Pastori calificó al proyecto de la oposición como "irracional" y sostuvo que, con una reducción del IVA, "las provincias estarían perdiendo 25.168 millones de pesos" en concepto de coparticipación, mientras que el impacto total sería superior a los 100 mil millones.

Eduardo Amadeo atribuyó el aumento de tarifas al "desastre" que, según dijo, les heredó la administración kirchnerista y defendió el esquema tarifario del Gobierno al afirmar que "sólo el 7% del ingreso de los argentinos se dedica a los gastos de los servicios" y que "el 60% de los usuarios pagarán menos de mil pesos mensuales".

A su turno, el diputado del Frente Renovador Marco Lavagna señaló que "la parte sustancial del proyecto es que las tarifas no aumenten más que los salarios" y mostró predisposición a discutir la reducción del IVA, tras lo cual agregó: "Si están de acuerdo en eso, nos sentamos y corregimos lo que haya que corregir".

No obstante, cuestionó los números del oficialismo sobre el costo fiscal y señaló que, por reducción del IVA, sería de 6.000 millones de pesos, al tiempo que remarcó que debido a la inflación el Estado tendrá un "ingreso adicional de 300 mil millones de pesos y gasto adicional por 200 mil millones", es decir, que "sobran los recursos para poder solventar algún gasto".

Diego Bossio, del Bloque Justicialista, afirmó que "los aumentos tarifarios, si no se pueden pagar, no son aumentos posibles" tras remarcar que hay "familias que no llegan a fin de mes, pymes con dificultades serias, clínicas, sanatorios".

"No estamos poniendo en juego el déficit fiscal", sostuvo el diputado, y agregó: "No estamos en contra de que las cuentas vayan a un orden. Somos muy conscientes de la necesidad de que las cuentas estén equilibradas, lo que estamos discutiendo es si es sustentable con las tarifas la evolución económica de las pymes, las familias".

Además, contradijo el argumento del oficialismo de que la modificación del esquema tarifario previsto por el Gobierno afectaría la capacidad de inversión de las empresas del sector energético y afirmó que "las 14 empresas que cotizan en Bolsa han duplicado su valor".

Mientras avanzaba el debate en la comisión, los gobernadores peronistas Juan Schiaretti (Córdoba) y Juan Manuel Urtubey (Salta) le quitaron respaldo a la iniciativa de los bloques que responden mayoritariamente a los mandatarios provinciales.

Schiaretti afirmó que la definición del cuadro tarifario es potestad del Poder Ejecutivo y que "no corresponde" que el Congreso sancione una ley en relación al tema, mientras que Urtubey se mostró de acuerdo con bajar los precios pero en contra de eliminar impuestos.

Previo a la sesión, intendentes massistas junto a sus pares del peronismo participaron de la reunión convocada por la Comisión de Asuntos Municipales de Diputados, en apoyo a la iniciativa que busca obtener dictamen del proyecto que le permitiría a los municipios cobrar la tarifa como servicio público a precio de generación.

Este lunes, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) analizó qué sucedería si se aplicara un incremento en las tarifas al ritmo de la inflación, como plantea una de las iniciativas, y estimó que ello "tendría un costo fiscal de 0,7% del PIB".

En ese sentido, advirtió que sería equivalente "al esfuerzo fiscal requerido para cumplir la meta de déficit primario del 3,2% del PIB".

Argumentó, de ese modo, que "si los costos suben al ritmo de la inflación, pero el Gobierno decide que los precios lo hagan a menor velocidad, aparece la necesidad de subsidiar la diferencia".