Amnistía Internacional sumó su voz a favor de la legalización del aborto al debate parlamentario y advirtió que los legisladores deben votar "despojados de sus convicciones personales" y decidir de acuerdo con la Constitución Nacional y con los estándares internacionales sobre derechos humanos.

"Despenalizar el aborto no es una concesión hacia las mujeres, es un imperativo de derechos humanos que Argentina hace años está incumpliendo", declaró la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Mariela Belski, al exponer en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

Negó que sea necesaria una reforma constitucional para la despenalización del aborto porque esa potencial figura "no contradice los preceptos establecidos en el artículo 75 de la Constitución Nacional, ni en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), ni en la Convención de los Derechos del Niño (CDN)".

"El Comité de Derechos del Niño ha recomendado a los Estados que despenalicen el aborto para que las niñas y adolescentes puedan acceder a abortos en condiciones seguras, que se atienda el interés superior de las adolescentes embarazadas, se escuche y se respete siempre su opinión en las decisiones relacionadas con el aborto", recordó Belski.

También reseñó que en los últimos 3 años "Argentina fue directamente interpelada a despenalizar el aborto sin excusas, por distintos organismos internacionales, pero también por países como Alemania, Noruega y Suiza".

"Queremos ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), queremos dialogar con los países del primer mundo; integrarse al mundo exige un correlato en la forma en que Argentina garantiza los derechos de sus ciudadanos; la retórica debe traducirse en ley y en práctica", argumentó.

La referente argentina de la organización internacional dijo también que la discusión sobre cuándo comienza la vida "no es algo que el derecho pueda resolver, básicamente porque no puede resolver un interrogante sobre el que no existe consenso, ni en la ciencia ni en la teología".

El encuentro -que es coordinado por el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (PRO)- también tuvo entre sus oradores a la abogada Ana González, quien señaló que el debate "requiere un abordaje mutidimensional, ajeno a cualquier valoración religiosa porque las creencias no pueden venir a legitimar decisiones legislativas" y aclaró que el proyecto "no resuelve el problema".

En tanto, la psicóloga Roxana Díaz Vergara -que se mostró en contra de la despenalización- destacó la necesidad de "tener respeto por los dos miembros del embarazo" y consideró que "hay que apelar a los derechos del niño por nacer" ya que se trata de "una vida en desarrollo".

A su turno, la legisladora provincial Lucía Portos sostuvo que "estamos exigiendo al Congreso que legalice una práctica que se realiza en diversas condiciones y empeora la situación de las mujeres en condiciones de clandestinidad" y afirmó que es necesario "legalizar la interrupción voluntaria no sólo por salud publica sino para que nuestra libertad sea realmente considerada fundamental y con incidencia en la determinación en la política pública".

Para el ex juez Carlos Rozansky, en tanto, "las intervenciones que se oponen a lo que significa un proyecto como la legalización del aborto omiten, distorsionan, callan y falsean, en muchos casos, en nombre de la religión, de la moral, de la ética; y eso no está bien porque incluyen muchas mentiras".

"Se dijo acá que en Uruguay aumentaron los abortos después de la legalización. Y eso es mentira. Por favor, no vengan a este recinto a mentir porque confunden pero además, para aquellos que son religiosos, están cometiendo un pecado", aseguró Rozansky.