Se trata de las llamadas "Pautas para la Convivencia Escolar", según la resolución 643/MEGC/18 del Ministerio de Educación de la Ciudad, dictada en febrero último, luego que en setiembre de 2017 la magistrada suspendiera la aplicación de otro protocolo, según el cual las autoridades del establecimiento educacional debían hacer una denuncia penal.

"El GCBA deberá de modo inmediato dejar sin efecto los procedimientos administrativos y penales, sancionatorios y disciplinarios que se deriven de la aplicación del instructivo suspendido, tanto en relación a los alumnos como a los docentes", había ordenado entonces la juez mediante una medida cautelar.

El nuevo protocolo, contenido en la resolución ministerial dictada hace un par de meses, desplazó la responsabilidad a los padres de los alumnos, en tanto que, en ese tipo de protesta, las autoridades del colegio debían labrar un acta dejando constancia. Pero, ante la acción de amparo promovida por los asesores tutelares de primera y segunda instancia, Mabel López Oliva y Gustavo Daniel Moreno, junto a un grupo de padres de alumnos, la juez dispuso suspender también la aplicación del nuevo protocolo "antitomas", hasta que el ministerio subsane algunas omisiones.