Con fuertes críticas a la gobernadora María Eugenia Vidal, la intendente de La Matanza, Verónica Magario, deslindó responsabilidades por el crimen del colectivero Leandro Alcaraz, asesinado el domingo en Virrey del Pino, al tiempo que reclamó por el traspaso al municipio de la Policía local.

"La seguridad es responsabilidad de la gobernadora, el único responsable es la administración provincial", cuestionó Magario en una conferencia de prensa que brindó hoy para analizar el asesinato de del chofer de la línea 620, quien fue ejecutado por dos pasajeros que viajaron sin pagar el boleto.

La jefa comunal kirchnerista ratificó sus acusaciones contra el Gobierno provincial al asegurar que no le envía los efectivos necesarios para combatir la inseguridad e insistió en todo momento que la crisis que se registra en ese partido del conurbano es "responsabilidad de Vidal".

En ese sentido mostró una serie de números para justificar sus dichos. Según expuso, mientras que en 2015 había 4.900 policías y 1.900 gendarmes en La Matanza, en la actualidad cuentan con 4.200 policías y 150 gendarmes. Asimismo, dijo que el partido cuenta con un policía cada 506 habitantes, mientras que la Ciudad de Buenos Aires tiene un efectivo cada 100 habitantes. "Escuché de boca de Vidal que había 10 mil agentes nuevos de policías, en La Matanza no vino ni uno solo. Es más los han reducido", aseguró.

"Acá seguimos invirtiendo en seguridad, voy a redoblar mis esfuerzos pero esto no es una responsabilidad de los municipios", continuó la mandataria, al tiempo que pidió el traspaso de la Policía local. Y contó que conversó con el resto de los jefes comunales sobre éste punto. "Es imposible hacer un traspaso de la policía si no se traspasan los recursos. Confiamos en que los intendentes podemos hacer una tarea de territorio a territorio. Nosotros veníamos advirtiendo que los lugares más difíciles son Virrey Del Pino y González Catán y no hubo más recursos para esas zonas", planteó.

Ayer, el Gobierno bonaerense anunció la creación de una línea de créditos blandos para que empresas de colectivos de corta y media distancia coloquen cámaras de seguridad en cada unidad, cumpliendo con una ley que lleva más de un año de vigencia. Esta obliga a las empresas de transporte de pasajeros a instalar una cámara en cada unidad, y otorgaba 180 días para cumplimentar la medida. Sin embargo, pasado casi un año, pocas empresas cumplían el requerimiento. "Si las cámaras hubieran estado colocadas en el colectivo tal vez Alcaraz estaría vivo", concluyó Magario. (DIB)