La ley 14.656 reglamenta las paritarias locales y fomenta la creación de convenios colectivos. Sin embargo, pese a haber sido sancionada a fines de 2014 (y contar con vigencia total desde mediados de 2016) sigue sin saldar las deudas que arrastran los empleados locales en la mayoría de los distritos, en cuanto a condiciones de trabajo y salario. Tal como informó hoy el diario Extra que edita esta agencia, según una medición de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), 81 de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires no cuentan con convenios colectivos. El incumplimiento de la norma no discrimina color político: 40 casos corresponden a Cambiemos, 33 al peronismo, 6 al massismo y 2 al vecinalismo. Los gremios explican que la falta acuerdos colectivos, entre otros inconvenientes, no permite avanzar con las carreras municipales y en la conformación de ámbitos para discutir salud y seguridad laboral, y que genera negociaciones "informales" en las que se puede excluir representaciones. "En algunos casos entramos más de un sindicato, en otros no y a veces se dan aumentos casi por decreto", dijo German Molinger, responsable de municipales de ATE bonaerense.

En este contexto, en algunos distritos, como el caso de Tandil, los sindicatos locales ya han avanzado con intimaciones al Ejecutivo para exigir que se firmen los convenios. Incluso, la FeSiMuBo facultó recientemente a su Concejo Directivo para realizar denuncias contra los intendentes ante el Ministerio de Trabajo y por "incumplimiento del funcionario público" ante la Justicia.

Pero las complicaciones no terminan ahí. En muchas comunas en donde sí se han acordado convenios, los intendentes los desconocen. Por el lado del oficialismo, uno de los casos destacados es el de Mar del Plata (General Pueyrredón). "Hay un convenio firmado e incumplido por el intendente (Carlos) Arroyo. De hecho, le hemos pedido al Ministerio de Trabajo que actúe como órgano convocante y moderador en este conflicto", contó el titular de FeSiMuBo, Rubén "Cholo" García.

Situaciones similares fueron detectadas en los distritos peronistas de Esteban Echeverría y Merlo, gobernados por Fernando Gray y Gustavo Menéndez, respectivamente. "Hace más de dos años que Menéndez incumple con todo el articulado del convenio que fue firmado por el intendente anterior (Raúl Othacehé). Lo demonizó en plena campaña y luego lo incumplió", apuntó García.

Un caso aparte es el de La Plata, donde el Ministerio de Trabajo decidió suspender el acuerdo firmado entre el intendente Julio Garro (Cambiemos) y el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Plata (Stmlp), Darío Alfano, ya que excluía al Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de La Plata (Soemlp).

Salarios bajos

Entre los empleados estatales, los salarios municipales siguen siendo de los más bajos. Un ejemplo claro es el de Carlos Casares, donde se estima que tras el último aumento de un 25% el sueldo promedio es de 8 mil pesos. Desde el sector gremial, aseguran que el salario básico varía entre los 6.500 y los 18 mil pesos, según cada distrito. "Los municipales somos los laburantes más castigados", sostuvo Molinger.

Asimismo, García apuntó a que existe una "una cultura de flexibilización para con los municipales" que se arrastra de la década del 90 cuando "no había paritarias obligatorias" y el "80% de los municipios tenían contratos basura de todos sus trabajadores". "Quedó como una costumbre y ahora se niegan a cambiar, pero no es facultad de un solo color político", agregó el de FeSiMuBo.

Contra el Pacto

Un tema que preocupa de manera considerable a los municipales es la aplicación del Pacto Fiscal que promueve Vidal para las administraciones locales por el que la Provincia "premia" las medidas de "ahorro" que lleven adelante los intendentes. Entre sus puntos, la iniciativa recomienda que la contratación de nuevo personal (tanto en planta permanente, temporaria y contratada) no supere el crecimiento poblacional, tomando como base la situación al 31 de diciembre de 2017.

Los gremios entienden que este ítem genera un límite a la ley de Paritarias que plantea que "en ningún caso el total de los contratados podrá superar el veinte por ciento (20 %) de la planta permanente" por lo que propone la "disminución proporcional anual" de ese porcentaje.

"El Pacto Fiscal le pone costos al pase a planta, a la incorporación de más trabajadores y a las discusiones salariales. La Provincia está empezando a meterse a revisar los presupuestos de los municipios. Están metiéndose en la negociación colectiva", agregó Molinger. El representante de ATE también se mostró intranquilo por el techo de un 15% que busca imponer la gobernadora para las paritarias locales, al considerar que debería haber una negociación sin condicionamientos: "Colectiva, libre y por municipio, como lo dice la ley". (DIB)