El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, apoyó la denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió por supuestas coimas en la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones para liberar al empresario kirchnerista Cristóbal López y a su socio Fabián De Sousa, ya que "existen sospechas de que una persona que trabaja en el Tribunal es empleado en una empresa" del dueño del grupo Indalo.

"La denuncia de Carrió tiene dos partes. Una para que se investigue el enriquecimiento de los jueces que del tribunal que no pueden justificar y por otro la sospecha de que una persona de la Sala que trabajó en gestiones para el fallo es además empleado de una empresa de López", dijo el funcionario en declaraciones al programa "4 Días", emitido en la noche del jueves por América 24.

Además, el ministro dijo que el gobierno quiere saber "cómo se llegó a la conformación del tribunal que terminó liberando a López", ya que "también tenemos sospechas tal como se ha pronunciado la Corte Suprema también".

Cabe recordar que en las últimas horas la Corte envió una carta al Consejo de la Magistratura para saber cómo se constituyó la Sala que liberó a López y De Sousa y sobre todo averiguar cómo los magistrados concluyeron la necesidad de cambiar la carátula, de "administración fraudulenta en perjuicio del Estado" a la mera "evasión".

Vale señalar que López y De Sousa retuvieron el pago de casi 17.000 millones de pesos en concepto de transferencia de impuestos a los combustibles al Estado Nacional, al tiempo que compró una cadena de multimedios y derivó dinero a casinos y bingos en el país y el extranjero. Por esta maniobra tenían un procesamiento e inhibición de bienes, pero a finales del año pasado intentaron vender el grupo Indalo al fondo de inversión OP, lo cual fue entendido por el juez Julián Ercolini como un intento de obstruir la investigación y liquidar bienes.

Ahora el nuevo fallo de los jueces Eduardo Farah, Jorge Ballesteros y Leopoldo Bruglia cambió la carátula por entender que no hubo un intento de obstrucción a la investigación y además considerar que no se puede concluir que el dinero no pagado al Estado fue usado para comprar medios y capitalizar empresas de juego, ya que los impuestos sería "dinero hipotético" pero no real.

Por otra parte, Garavano dijo que si López y su socio hubieran simulado la venta de sus empresas "no es a priori un delito", pero "la clave es saber para qué se falseó eso, para perjudicar acreedores o a la Justicia".

En otro orden, el ministro manifestó su preocupación por la posibilidad de que la justicia también conceda la libertad al dueño de Austral Construcciones y supuesto testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez, preso hace dos años.

Por último, Garavano dijo que el fallo de los jueces que liberaron a López y De Sousa, sospechado de supuestas coimas y operaciones de tráfico de influencias, es "una de las últimas manifestaciones de un ciclo que se termina", dado por "la simbiosis entre la política y la justicia con relaciones promiscuas".