Martello recalcó que la Ley 26.150, que se aprobó en 2006 había fijado que el programa de Educación Sexual Integral debía alcanzar a todas las escuelas, tanto públicas como privadas.

Pero el artículo cinco de esa ley "les otorga una solapada discrecionalidad a las comunidades educativas para que puedan adaptar lo que establece la ley en función de las convicciones de sus miembros".

Y agregó: "El último párrafo de ese artículo es tomado por los sectores más conservadores de la Iglesia para desvirtuar el programa de educación sexual integral".