11-09-2026
16-03-2018 | SOSPECHAS DE COIMAS
Procesan y citan a indagatoria a Scioli por negocios incompatibles con la función pública
El ex mandatario concedió la construcción de UPAs a la empresa que le compró a él en Villa La Ñata terrenos por casi 4 millones de dólares, operación que el mandatario declaró por 600.000 pesos en la AFIP.

El fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta, resolvió el procesamiento y cita a declaración indagatoria al exgobernador y actual diputado nacional, Daniel Scioli, por conceder durante su mandato contratos millonarios para la construcción de Unidades de Pronta Atención a la empresa que le compró a mandatario terrenos de Villa La Ñata.

Al ex candidato a presidente le imputan los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias.

El ojo de la investigación está puesto sobre la empresa Miller Building, que obtuvo la construcción de la Unidades de Pronta Atención (UPA) en 2009, años después de haberle comprado a Scioli terrenos de su emprendimiento inmobiliario en Villa La Ñata. Esto se entiende en la jerga como una devolución de favores con costos millonarios para el Estado y a Scioli se lo acusa de haber ejercido negociaciones en beneficio personal con los fondos públicos.

Cabe recordar que la investigación comenzó hace cinco meses, tras una denuncia de la diputada Elisa Carrió, que reveló que fue "una coima encubierta" la compra de terrenos personales a una empresa prestataria del Estado.

En la investigación ya se allanó en diciembre una propiedad a nombre de La Posada Multiespacios SA, que Scioli se la vendió en enero de este año a Miller Building.

El punto llamativo es que el ex mandatario y ahora diputado kirchnerista explicó en su Declaración Jurada que el inmueble costaba 600 mil pesos a valor fiscal, pero la transacción con Miller Building se dio a 3,85 millones de dólares. Las sospechas apuntan a que la diferencia se pagó con dinero obtenido por la empresa a través de contratos de obra pública concedidos por el gobernador, con lo cual los fondos públicos terminaron en los bolsillos de este último.

No obstante, el fiscal no lo acusó de los delitos de cohecho pasivo (recibir coimas), sino por negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de influencia.