Se habilitó, por fin, el debate parlamentario sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Es uno de los tantos temas conflictivos, tabúes, que "dividen aguas", como lo fueron en su momento el divorcio, el matrimonio igualitario y la identidad de género, por ejemplo.

Sin embargo, todo ya pasó, todo ya forma parte de nuestro orden jurídico-político y nadie se murió por eso, ni ocurrieron tragedias ni se degeneró la especie humana, porque no estamos obligados a divorciarnos, ni a casarnos entre hombres o entre mujeres, ni a cambiar nuestra identidad. Cada uno hace lo que su libertad le indica, de acuerdo con los dictados de su propia conciencia.

Dada mi condición de ateo, no entro en consideraciones religiosas ni me interesan, aunque sí debo reconocer que la religión es una fuerza cultural importante, que postergó y complicó aquellos debates enumerados líneas arriba, pero no tan importante como para evitarlos o torcer su resultado.

En definitiva, y como se puede comprobar históricamente, todo debate jurídico-político se resuelve siempre de acuerdo con el grado de conciencia social al que haya llegado el pueblo. No hay cortinas de humo ni yerba alguna que valga, si esta conciencia social ha madurado lo suficiente.

Porque no se trata sólo de conquistar nuevos derechos. Se trata, sobre todas las cosas, de ampliar nuestros márgenes de libertad individual y responsabilidad social. Por eso, el problema no es estar a favor o en contra del aborto. El problema es qué política pública se pone en marcha en cualquier caso. La despenalización es tan sólo el disparador de esa política pública, habida cuenta de que la penalización, hasta ahora, nunca la tuvo.

En cuanto a la "cortina de humo", pregonada por quienes consideran que se está tapando el conflicto social desatado por este gobierno (y por quienes ponen a la "cortina de humo" como excusa para intentar el descrédito de aquel debate), debe tenerse en cuenta que no es el gobierno quien lo impulsa (aunque sí intenta adjudicárselo y colocarlo como "cortina de humo"), sino un amplio movimiento social que desde hace años lo está militando, atravesado por casi todas las corrientes políticas.

Si nuestras organizaciones políticas y nosotros, como pueblo, no somos capaces de abordar todos los debates y sólo seguimos la oferta mediática, el problema es nuestro y la "doctrina Bullrich" se impone: "les tiramos diez o doce temas juntos, para desorganizarlos, y tres o cuatro pasan seguro".

Tal vez hubiera resultado productivo, antes del debate parlamentario (y esto vale para cualquier proyecto de política pública), que el Congreso ponga el tema a consideración del pueblo, mediante el mecanismo de Consulta Popular, aun cuando no sea vinculante. Pero, claro, todos temen un resultado favorable o desfavorable, por lo que, ante su eventual propuesta, tienen a mano excusas técnico-jurídicas para esgrimir, de uno y otro lado.