El juez federal Luis Rodríguez le concedió la excarcelación al extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain, en la causa en la que se investigan irregularidades relacionadas con la modernización de la mina de carbón de Río Turbio, Santa Cruz.

Por otro lado, el juez Rodríguez se opuso a excarcelar al intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, y al ex coordinador general de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Miguel �ngel Larregina.

El jefe comunal de la localidad santacruceña y el otrora ejecutivo industrial están acusados en una causa conexa a la que investiga un supuesto multimillonario fraude en el yacimiento Carbonífero Río Turbio y que derivó en la detención del ex ministro de Planificación del kirchnerismo Julio De Vido, por orden de la Cámara Federal porteña.

Lascurian había sido detenido este martes luego de presentarse espontáneamente ante el magistrado que investiga la causa. Su entrega en los tribunales federales de Comodoro Py ocurrió luego que el juez emitiera una orden de detención contra el extitular de la entidad industrial. Vale recordar que Lascurain presidió la UIA entre el 2008 y el 2010, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

En la causa se investiga el cobro de un adelanto de 50 millones de pesos del Estado nacional para el trazado de una ruta de 7 kilómetros en Río Turbio que no se hizo y que tenía asignada un presupuesto de casi 500 millones de pesos. La obra había sido asignada a la empresa Fainser, que tenía en su directorio a Lascurain, a mediados de 2015, y tras el cambio de gobierno no se había comenzado a construir.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el interventor de YCRT, Omar Zeidán, quien fue designado por el gobierno de Mauricio Macri. Pérez Osuna declaró por más de 3 horas ante el juez Rodríguez y dijo que fue él quien le advirtió a Zeidán que debía determinar si avanzar o no con la obra de la ruta que ya había sido asignada.

Pérez Osuna dijo que en junio de 2017 le advirtió a Zeidán que el municipio no tenía los fondos para afrontar la obra prevista y que sólo se llevaría a cabo si los enviaba la Nación, pero que aún así se había establecido una caución que permitía recuperar el adelanto abonado si no se realizaba la obra.