La senadora por la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria, Cristina de Kirchner, presentó ayer un proyecto de ley para que los ciudadanos que tengan cuentas o participen en sociedades radicadas en guaridas fiscales, denominadas off shore, no puedan asumir cargos públicos.

La iniciativa también establece que la prohibición tiene un margen de dos años previos a ejercer un cargo en el Estado, exige que el funcionario con cuentas en paraísos fiscales debe presentar su renuncia a los cinco días de conocerse esos fondos, y establece penas de entre uno y seis años de prisión, equiparándolo con el delito de "dádivas" previsto en el Código Penal.

La modificación a la Ley de Ética Pública es el primer proyecto que presentó Cristina de Kirchner desde que asumió como senadora por la minoría por el Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires.

En los fundamentos de la medida, la expresidente asegura que "más allá del blindaje mediático y judicial que encubre a dirigentes y funcionarios oficialistas, ninguno de los tres poderes del Estado puede tener entre sus funcionarios a personas que utilicen las guaridas o paraísos fiscales".

En declaraciones emitidas a través de un comunicado de prensa, la senadora afirmó que "la mayoría del Gabinete está involucrado en los escándalos internacionales de Panamá Papers y Paradise Papers; y el caso del ministro de Finanzas y endeudador serial, Luis Caputo, es uno de los más obscenos".

"Por eso creemos que ninguna persona que tenga una cuenta o una sociedad off shore puede ser funcionario público en ninguno de los tres poderes del Estado", sentenció.