"Decir una parte de la verdad es una sutil manera de mentir" decía Agustín de Hipona en el S. IV d.C.

Y es que en el pasquín (no alcanza al estatuto de diario) 'El Día' la mentira ya no es sutil sino abierta y descarada, en relación al próximo enjuiciamiento encarado por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia Hilda Kogan y un grupo de diputados y senadores provinciales: el senador Roberto Costa (Cambiemos) y los diputados Walter Carusso (Cambiemos) Jorge D'Onofrio y Pablo Garate (Frente Renovador) y Santiago Révora (Unidad Ciudadana).

Las acusaciones de 21 cargos no hacen otra cosa que mostrar a las claras, la intencionalidad del jurado y las bases del mismo juicio: desplazar y castigar. 

No solo no quieren a un juez probo y justo al frente de un juzgado, sino que buscan disciplinar a la Justicia para que ningún otro juez se atreva a juzgar en competencias que atañen a los intereses de los 'peces gordos' de la ciudad y la provincia.

La Suprema Corte de Justicia busca someter al resto de los jueces y de los Juzgados Contenciosos (los encargados de controlar al Estado), de que no metan las narices en algunos temas si no quieren terminar como Arias.

Interesa a la ciudadanía (no es arrogarse ninguna prerrogativa de interpretación del sentir ciudadano de quien escribe, sino simple constatación callejera) saber qué dirán los diputados y senadores intervinientes. Qué mano levantarán a la hora de emitir sus veredictos. Qué pesará más en su voto: ¿su conciencia o su carpeta? ¿Su responsabilidad social o su futuro político?

En el país y la provincia del "no te metas porque te va a costar caro" (muy relacionado con ciertos momentos tristes y negros del pasado reciente), un juez que se mete es un estorbo.

La decisión es eminentemente política, no jurídica. La Suprema Corte ha decidido jugar la partida conforme a los intereses que le concierne a la provincia.

Si van a ajustar a los empleados estatales, si van a despedir trabajadores de las fábricas, si van a reprimir violentamente de las movilizaciones públicas a los manifestantes y para todo ello hay un juez que defienda a los humildes, entonces queda claro qué decisión final se define en este próximo jury a Luis Arias.

La ciudadanía tiene en su poder su bronca pacífica. Los platenses tienen en sus manos la movilización de sus cuerpos en contra de la injusticia. Los sindicatos tienen en sus responsabilidades dirigenciales la capacidad de poner sus organizaciones al servicio de quien los defendió durante su ejercicio como juez.

No sea que después, por la mediocridad que nos abruma, andemos lamentando muertes, despidos y encarcelados injustos y sea demasiado tarde para reclamar por una justicia que ya no es justa porque ha vendado sus ojos completamente a los oprimidos e inclinada su balanza a los opresores.

(*) Docente, Profesor, Magíster en Educación de la Universidad Nacional de La Plata.

Publicada en el muro del autor de la red social Facebook, el dominego 18 de febrero.