Al impulsar y debatir la necesidad de policías locales en el año 2013, desde algunos sectores sostuvimos que, ante el fracaso del modelo de seguridad vigente, no debía profundizarse la policialización -impregnado de corrupción e ineficacia-, sino que era momento de avanzar en una política de estado, inspirada en un nuevo paradigma, retomando el consenso multisectorial construido en el año 1997.

Pero ante la imposibilidad de obtener una ley y la prisa de la coyuntura electoral, el Poder Ejecutivo dispuso, ese año, la creación de una policía local que fue más de lo mismo, y profundizó la crisis: casi 20 mil policías armados sin capacitación y entrenamiento mínimos.

Por eso es necesario diseñar una estrategia de prevención comunitaria, en la cual los municipios lideren la articulación interinstitucional de las organizaciones estatales y civiles, en busca de reducir el delito y las violencias sociales e institucionales de distinto tipo.

Desde Naciones Unidas se impulsó un modelo integral que ha de recorrer y se nutre de diferentes experiencias exitosas constitutivas de buenas prácticas.

Es la participación de la comunidad en los diagnósticos, diseños, implementación, evaluaciónes y mejora continua de las políticas públicas en materia de seguridad, que hacen que el Programa de cada Municipio sea único.

En ese marco se necesitan a las policías locales, con un mandato legal que le otorgue misiones, funciones y una adecuada estructura; conducida por el Municipio, capacitada y democrática -transparencia y rendición de cuentas-, que actúe con claridad y eficacia en la prevención del delito.

Y así que se diferencie, integre y complemente con la policía provincial y con el Sistema Penal -Policía Judicial, Fiscalías, Defensorías, Jueces, Penitenciarios e integrantes del Patronato de Liberados-, de actuación posterior.

Los conflictos y problemas están a la vista. Existe un menú de opciones probadas en todo el mundo. Es un callejón con salida, que debe construirse de manera consensuada por parte de los distintos poderes y niveles del estado y la sociedad en su conjunto, de manera innovativa y transformadora para así impedir parches e improvisaciones que nos lleven a nuevas crisis.

(*) Mario Coriolano (mlcoriolano@gmail.com) Defensor Público ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Nota publicada en el Diario "El Día" de La Plata el 12 de febrero de 2018.