Ya pasó el furor de la novedad, con una gran discusión pública (entre pares) acerca de su impacto político, pero la iniciativa del Instituto Patria sigue su rumbo: se trata de alcanzar un millón de firmas, con el objetivo de presentar en el Congreso el proyecto de derogación de la mal llamada "reforma previsional" (Ley Nº 27.426), que perjudica a los actuales jubilados, pensionados, ex combatientes de Malvinas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y trabajadores que se jubilarán con una disminución del 20% en su haber inicial, entre otros.

Cuando la representación política no alcanza y la manifestación popular es ninguneada (luego de ser reprimida), aún quedan herramientas para seguir la lucha, en el marco de lo que podría llamarse, genéricamente, "democracia participativa" (remito a mi artículo "Nadie está pensando en la inclusión política"). La cuestión central, en cualquier caso, es la probable eficacia de la herramienta elegida.

En nuestro país, la "democracia participativa" tiene una institucionalidad casi nula en términos vinculantes y, prácticamente, se agota en mecanismos informales y meramente consultivos. Juntar firmas para promover o derogar una norma, como es el caso que nos ocupa, sí tiene un rango institucional y vinculante, dado por la Ley N° 24.747, que obliga al Congreso a tratar una iniciativa de este tipo si hay un piso de firmas que la promueva, equivalente al 1,5% del padrón electoral.

El asunto es si el Instituto Patria va a recurrir o no a esta ley, llamada de Iniciativa Legislativa Popular, cuando logre el objetivo de recaudación de firmas que se ha propuesto. Si lo hace, en no más de 90 días a partir de su presentación, el Congreso se verá obligado al tratamiento del proyecto de derogación de la ley 27.426, lo que supone un costo político importante para el oficialismo, que tendrá que rechazarla, si conserva los votos de los legisladores que la aprobaron en diciembre, o exponerse a la humillación de derogarla, si no conserva esos votos. En cualquiera de los dos casos, más aún en el último, la ganancia política será de la oposición en su conjunto y del kirchnerismo en particular.

El otro camino, el de la informalidad consultiva, no es, desde mi perspectiva ideológica, demasiado atractivo políticamente, aun cuando sus defensores aleguen que los locales y las mesas callejeras que se disponen para la colecta no están simplemente para juntar firmas, sino para servir de base a la organización popular. Esta "ilusión democrática" no es probable que se materialice y, además, las firmas colectadas no servirán más que para hacer un acto público con el objetivo de enrostrarle al oficialismo un ejemplo de descontento social, con impacto político dudoso.

Si bien dice nuestra Constitución Nacional que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, son los representantes del pueblo quienes establecen  los métodos de esta deliberación y de este gobierno. Entre esos métodos, apelar a herramientas vinculantes de "democracia participativa" o de "democracia semi-directa", como gusten llamarlas, es mucho más efectivo en términos institucionales (obligar al Congreso a tratar un proyecto de ley, por ejemplo) y también en materia de organización popular, si es que la campaña para colectar firmas se acompaña con una "pedagogía política" que ponga en la escena pública estas herramientas, muy poco conocidas y, mucho menos, utilizadas.