Hugo Moyano recurrió a su base de poder gremial, el sindicato de Camioneros, para anunciar una multitudinaria movilización el próximo 22 de febrero destinada a repudiar la política socio-laboral y el plan económico de la administración de Mauricio Macri. Dos objetivos guiaron su acción: la necesidad de consolidar un escudo de protección frente a la embestida judicial en su contra y a la par afirmar su liderazgo al frente del ala más combativa del sindicalismo cegetista.

Pero apenas unas horas después del anuncio de su desafío, Moyano enfrentó un nuevo revés en la Justicia: junto a su hijo Pablo fueron imputados en la causa en que se investiga a una supuesta asociación ilícita, que habría defraudado al club Independiente de Avellaneda, que justamente preside el líder camionero. Según fuentes citadas por Clarin.com, la imputación fue realizada por la Unidad Fiscal de Investigaciones ante el juez de garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, quien ahora deberá determinar si indaga y procesa a ambos dirigentes sindicales.

Al tanto de la decisión judicial, desde el entorno del jefe camionero insistieron en rechazar cualquier vinculación con la causa por la que ya están procesados y detenidos con prisión preventiva el barrabrava de Independiente Pablo Bebote �lvarez y el dirigente del club Noray Nakis yevaluaron como "llamativo" que la imputación se dispuso tras el anuncio de la movilización de Camioneros.

La decisión de esa marcha, que constituye un nuevo peldaño en la escalada de confrontación en su relación con la Casa Rosada, ya había sido anticipada por Moyano la semana pasada en la cumbre organizada por Luis Barrionuevo en Mar del Plata, en el desafío de sumar la adhesión de los gremios más críticos de la central obrera a la demostración de fuerza.

La estrategia del camionero tuvo sus frutos: ayer varios de los dirigentes que participaron de ese encuentro adelantaron que se sumarán a la protesta. El listado inicial abarca a los gastronómicos, bancarios, estacioneros y algunos sectores del transporte, pero podría añadir otros respaldos con el correr de los días.

En ningún caso, sin embargo, la ofensiva del camionero logrará la adhesión de los grupos de gordos (grandes gremios de servicios) o independientes (UPCN, UOCRA y Obras Sanitarias), y los sindicatos enrolados en el MASA de Omar Viviani, que privilegian el ejercicio de un perfil más dialoguista con la Casa Rosada. Esa divisoria de aguas profundiza el escenario de quiebre en la interna cegetista y las dificultades para sostener en el tiempo el proceso de unidad.

"En un contexto económico que se muestra desfavorable a los intereses y necesidades de la mayoría de trabajadores de diversas ramas, llamamos a una movilización en señal de protesta", señaló el documento difundido ayer por el sindicato de Camioneros, tras culminar un plenario que fue encabezado por Hugo y Pablo, que es el número dos del gremio.

La oficialización de la protesta se concretó poco después de otras complicaciones judiciales que enfrenta el jefe sindical. El martes trascendió el inicio de una nueva investigación en su contra por el delito de lavado de dinero en las operaciones de compra de dos inmuebles ubicados en la zona de Parque Leloir, causa que se tramita en un juzgado de Morón.

También esta misma semana se conocieron los allanamientos realizados por la Justicia a los gremios de Moyano y Barrionuevo, entre otros, en el marco de una investigación por presuntas facturas apócrifas denunciada por la AFIP.

Con ese telón de fondo, sumado a los anuncios de nuevos controles y auditorías de las cuentas de gremios y obras sociales dispuestos por el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Salud, Moyano está convencido de que la Casa Rosada alienta una profunda campaña antisindical para disciplinar la posición de los gremios en medio de la nueva ronda de negociaciones salariales, en la que el Ejecutivo pretende imponer una pauta del 15%.