La defensa del detenido extitular del SOMU Omar "Caballo" Suárez recusó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral por "pérdida de objetividad" en la causa en la que se investigan supuestos desmanejos y extorsiones por parte del ex líder del gremio de marítimos.

El abogado Alejandro Argibay Molina acusó al magistrado de haber realizado medidas de prueba "por presión del Gobierno" y para "evitar ser destituido" y de haber hecho la vista gorda ante la designación de militantes y familiares de funcionarios del Gobierno en la intervención del sindicato.

El abogado de Suárez presentó la recusación en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, luego de que saliera a la luz que la ex empleada doméstica de la familia del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, fue nombrada en el SOMU.

La presentación de Argibay Molina destacó además una nota publicada por el diario La Nación, bajo el título "El SOMU del "Caballo" Suárez, un botín para designaciones políticas", en el que se daba cuenta de otras designaciones de personas vinculadas con funcionarios e incluso con familiares y amigos del juez.

"El señor juez de la causa ha perdido la objetividad en el proceso hace ya mucho tiempo y ha realizado una gran serie de medidas de prueba coercitivas contra el imputado y contra personas jurídicas, que queda demostrado lo fueron por presión política o en interés personal, y para ofrecer favores hacia terceras personas de la política argentina y del Ejecutivo nacional", sostuvo el abogado del gremialista detenido.

"El juez de la causa ordenó la intervención del gremio y luego de la Obra Social de Personal Marítimo, sea por presión del Gobierno para evitar ser destituido, o sea por la necesidad de lo que hoy se descubre de participar en los hechos delictivos que bajo sus narices los interventores realizaron", remarcó.

En el escrito de diez páginas que presentó ante el juzgado a cargo de Canicoba Corral, el abogado de Suárez afirmó que "utilizaron el gremio SOMU y sus delegaciones como bolsa de trabajo para militantes y familiares del gobierno de turno y compromisos políticos".

En la nota de La Nación citada por los defensores del gremialista se indicaba que "el juez salió de la ´lista negra´ (del Gobierno) en febrero de 2016, cuando dispuso la intervención del sindicato y de la obra social".