El Gobierno pasó de la foto del 22 de octubre, donde montado sobre el triunfo electoral realizó una contraofensiva con un paquete de leyes antipopulares, a un fin de año de inflexión que preanuncia un nuevo año convulsivo. 

Atrás quedó la imagen del 22 de octubre, cuando el Gobierno de Cambiemos consiguió un triunfo electoral como primer minoría nacional. En base a esa foto, anunció posteriormente el presidente Macri el paquete de leyes regresivas denominado "reforma permanente".

Posteriormente perdió la primera batalla, cuando la mayoría de la población, incluyendo sectores de sus propios votantes, no creyó que los proyectos anunciados los beneficiarían.

El acuerdo alcanzado con los gobernadores de las provincias y la CGT, no fue suficiente para convencer a la población del conjunto de medidas que eran en favor, a la luz de todos, de los sectores concentrados de la economía y perjudicaban a los jubilados y trabajadores.

Las movilizaciones, en rechazo al tratamiento parlamentario de la contrarreforma previsional, tuvieron que ser atacadas con la represión estatal, por parte de fuerzas de seguridad, para que no se expresara su masividad y fuerza.

Con un alto costo político, incluso mayor al capital político del Gobierno, Cambiemos alcanzó una victoria parlamentaria, pero una derrota política, que hasta abrió fricciones en su propia coalición, expresadas en los contrapuntos con Carrió.

El Gobierno se apoyó, para avanzar en el ataque, en el triunfo electoral, erosionando hasta la propia base de sus votantes. En el poder judicial desprestigiado, en dos momentos. Usando sus vínculos con la Corte Suprema que amenazaba con fallar a favor del Fondo del Conurbano si los Gobernadores no lograban que sus legisladores votasen la reforma. Logrando, por esa vía, que el peronismo federal beneficiase a Vidal contra el peronismo bonaerense, que también se muestra conciliador en la legislatura provincial, votándole las leyes que la gobernadora demanda. Mientras que el Gobierno también utiliza el aparato judicial para condicionar a la oposición política y perseguir a la izquierda que jugó un rol destacado en la resistencia.

También contó con el cerrado apoyo de los medios hegemónicos de comunicación, que perdieron su "batalla cultural" al no lograr presentar la medida como progresiva. La victoria parlamentaria, fue a cambio de un amplio repudio de la población a los diputados y senadores que dieron su voto a favor, contra los intereses del pueblo que dicen representar. Los Gobernadores y los dirigentes sindicales rifaron una parte importante de su resquebrajada legitimidad. Y las fuerzas represivas del Estado, el arma utilizada por el Gobierno para tapar las masivas movilizaciones, mostró ante los ojos de millones su rol en la sociedad, como lo había hecho en el accionar coercitivo donde murió Santiago Maldonado y asesinaron a Rafael Nahuel, en defensa de los intereses de capitalistas extranjeros.

Todo este alto costo político que pagó el Gobierno y sus agentes aliados, fue a cambio de una medida antipopular, que encima no resuelve el severo problema estructural de la economía argentina. Mientras empezaron a madurar entre los trabajadores, jóvenes y jubilados, elementos de cuestionamiento a una "democracia para ricos", que utiliza las instituciones del Estado contra la voluntad de la mayoría que no sólo se pronuncia en los actos electorales.

Luego de este primer embate, el jueves 28, brindaron una conferencia de prensa el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.

En la misma anunciaron la suba de la meta inflacionaria a un 15%; que continuarán con la política de endeudamiento que crece a un ritmo peligroso; presentaron como resuelto el déficit cuando no tienen en cuenta las consecuencias del financiero que se eleva por el pago de intereses de deuda; tarifazos, aumentos en los pasajes del transporte y acuerdo con la CGT alrededor de la reforma laboral, entre otros anuncios regresivos.

Posteriormente a la conferencia de prensa, el dólar sufrió una nueva disparada, que ya se establece como una devaluación encubierta y a cuenta gotas, que deprecia el salario real e impacta sobre la inflación. Estas consecuencias afectarán las negociaciones paritarias del año próximo, cuando la amplia mayoría de los trabajadores viene de repudiar la reforma previsional, rechaza la laboral y comienza a demostrar que no está dispuesto a empeorar sus condiciones de vida, a cambio de beneficiar a los sectores dominantes y concentrados de la economía.

La combinación entre un plan económico que afecta a la luz de todos a la mayoría y que no convence si al conjunto de la burguesía, con el desprestigio de las instituciones políticas del régimen y una dirigencia sindical y política cuestionada, preanuncian la posibilidad de nuevos escenarios novedosos y convulsivos para el 2018 que llegó antes de lo previsto.

La crisis del peronismo, que incluye al kirchnerismo, como partido histórico de la contención social, llevó a que Bergoglio repensara la intervención de la Iglesia Católica frente al nuevo escenario. El analista político Carlos Pagni, en su editorial presentada en el programa Odisea que sale por La Nación +, adelantó que el Papa pretende que la institución eclesiástica impida que las demandas sociales se radicalicen a izquierda. En un país donde se combina la crisis de los partidos tradicionales, y una izquierda con peso en sindicatos que son una alternativa frente a las direcciones burocratizadas, en la juventud estudiantil y un destacado rol parlamentario puesto al servicio de fortalecer las luchas de resistencia contra un sistema y régimen social al cual se le empiezan a caer los velos de la verdadera cara que esconde.  

Diciembre dejó atrás las fotos del pasado, y adelantó una nueva etapa que se abre con mayor o menor velocidad en el país que se viene.  

Virginia Gómez. Exclusivo para Cadena BA. 31/12/2017

Licenciada en Ciencia Política (UBA). Docente. Staff de "La Izquierda Diario"