En el marco dela causa por el Correo-Gate, el juez federal Ariel Lijo exigió conocer la situación bancaria de empresas del Grupo Macri y el Correo Argentino y requirió los libros societarios y contables desde 2001.

El magistrado ordenó las medidas en el marco del expediente en el que se investiga la supuesta condonación de una millonaria deuda por parte del Estado al Correo Argentino S.A. durante la gestión de Mauricio Macri. La fiscal Grabiela Boquin estimó que el perdón sumaría unos $ 70.000 millones hasta 2033.

Según la Justicia, en junio pasado cuando se libraron órdenes de presentación a las firmas Sideco Americana y Socma, las respuestas de estas "resultaron ser insuficientes", por esa razón, el juez ordenó ahora oficios a las firmas de la familia Macri como así también a Correo Argentino para que remita los libros societarios desde el inicio del concesión hasta la actualidad para completar la información aportada.

El juez pidió esta semana que en la documentación a remitir al juzgado se incluyan actas de asamblea, actas de directorio, registro de acciones/accionistas, depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas generales y demás libros contables y extracontables (diario de inventario y balances a la fecha).

Fuentes judiciales confirmaron que el juez, de acuerdo al requerimiento del fiscal Juan Pedro Zoni, solicitó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que informe sobre la situación bancaria de las empresas Sideco Americana S.A, Socma Americana, Neficor Argentina y Correo Argentino.

Lijo ordenó además librar oficios a los juzgados del fuero federal para que informen si tramita o tramitó alguna causa por la emisión de un supuesto documento por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de la empresa Aerolíneas Argentinas en el cual se le habría perdonado una deuda de alrededor de $ 500.000 a la empresa Correo Argentino.

En la causa está imputado el presidente, el entonces ministro de Comunicaciones, actual de Defensa Oscar Aguad; y su representante en el concurso del Correo Argentino, Juan Manuel Mocoroa, entre otros.

En una ampliación de la imputación, el fiscal Zoni había solicitado que se investigue el presunto intento de vaciamiento de la empresa, aún durante el período en el que se encuentra sometida a concurso de acreedores, algo que había sido denunciado por la fiscal Gabriela Boquin ante la Cámara del fuero Comercial.

Boquin había dicho que el acuerdo entre Correo y el Estado era "abusivo" y había denunciado el aparente intento de "vaciamiento" de las cuentas del concurso de acreedores del Correo Argentino para desviar los fondos en dólares y pesos hacia otros negocios del mismo grupo empresario, vinculado con la familia del presidente Macri.

El caso llegó a los tribunales de Comodoro Py, a partir de cuatro denuncias que se unificaron, dos fueron realizadas por bloques de diputados kirchneristas, una por un abogado y la cuarta por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.