Si el gobierno nacional logra vencer resquemores de última hora y el jueves se firma el acuerdo por el Fondo del Conurbano, la  gobernadora María Eugenia Vidal habrá concretado un triple objetivo estratégico. El nuevo esquema le dará mayor autonomía política para el segundo tramo de su mandato, mejorará el financiamiento del Estado, sobre todo a partir de 2019, el año electoral y finalmente resolverá una controversia de años, que no pudo desanudar el peronismo, y que ella presentará como parte esencial de su legado.

La propuesta, que Vidal repasó el domingo pasado con el presidente Mauricio Macri en la quinta Los Abrojos, elimina el Fondo e introduce una serie de cambios en el reparto del Impuesto a las Ganancias y al Cheque a través de los cuales Buenos Aires se asegura $20 mil millones suplementarios de coparticipación, sobre un total previsto para 2018 de $109 mil millones. Además, el Gobierno nacional se compromete a aportar 20 mil millones más el año próximo y $45 mil millones en 2019. El resto de las provincias, en teoría, no pierde nada o será compensada.

Sin embargo, esas cifras, difundidas por el gobierno, son engañosas, porque inducen a creer que desde el año que viene habrá un cambio, cuando en realidad el impacto se producirá en 2019. Es que el proyecto de presupuesto 2018 contiene, en el punto 17.5.1.001, el ítem "Tesoro Nacional", que contempla partidas por $37 mil millones. Son aportes no reembolsables que recibirá la provincia y que ya habían sido acordados entre Macri y Vidal. Por eso, los $40 mil millones previstos en el esquema de acuerdo para ese año no son en realidad "plata nueva".

Hay sí una cuestión que cambia desde el vamos: esos fondos, que hasta ahora dependían de la discrecionalidad del Presidente, pasarán a estar estipulados en una ley. Así, Vidal (y sus sucesores) ganan en autonomía política y la Provincia en previsibilidad financiera. De la importancia de lo primero puede dar cuenta Daniel Scioli, que en 2012 casi no paga al aguinaldo por pelearse con CFK. El otro sayo le cabe a todos: este año, las transferencias previstas son de $40 mil millones, pero hasta ahora apenas llegaron $3 mil millones.

El año crítico del nuevo esquema es 2019: los fondos que lleguen a través del acuerdo alcanzarán los $65 mil millones, casi la misma cifra que los $62.465 millones previstos para el fondo del Conurbano de este año, de los cuales solo llegan a Buenos Aires 600 millones, debido al tope impuesto en 1996. Pero lo importante es que de ese total, Nación aportará $45 mil millones, $25 mil de los cuáles nunca antes habían figurado en el presupuesto. Esa última cifra es lo que ya se conoce como "Fondo Mariu", el corazón político del paquete.

Un motivo no menor para ese mote es que el diseño del nuevo sistema implica que apenas $20 mil de los $65 mil millones son coparticipables con los municipios. Eso quiere decir que Vidal podrá disponer como quiera de $45 mil millones en el año electoral, en el cual presumiblemente juegue su reelección. Un espaldarazo importante para una dirigente que, según una encuesta de la consultora Synopsis de esta semana, tiene una imagen positiva del 64,2%, la mayor del país para un dirigente político.

Los efectos de ese combo de nuevos fondos para una Gobernadora que tiene el mayor nivel de popularidad se hacer sentir ya. Es decir, aunque los cambios impactarán más adelante, de algún modo el arco político los está descontando desde ahora, como demuestran los alineamientos a la hora de votar el presupuesto provincial. El proyecto será convertido en ley el martes con la colaboración renovada de massistas, peronistas alineados con intendentes "moderados" que temen la potencialidad de candidatos de Vidal en sus distritos y hasta, dicen, un puñado de camporistas.

La gobernadora, previsiblemente, buscará alejarse de las interpretaciones electoralistas. De hecho, ya diseñó un discurso que hace centro en el contenido estructural del eventual acuerdo, que Vidal presentará como la solución a un problema que el peronismo ni siquiera pudo enfrentar, habido cuenta de la competencia entre el presidente y el gobernador, sobre todo en la etapa CFK/Scioli. Un tipo de relación que, resaltará, Cambiemos cambió por colaboración porque sostiene otra cultura política.

Esa versión idílica, no obstante, enfrentará críticas duras. Una la deslizaron los gobernadores que recelan del nivel de compensaciones que recibe PBA. Dicen que, aunque sus tesoros también serán compensados si pierden con los cambios, para hacerlo tiene que comprometerse a bajar el déficit fiscal, una exigencia que no corre para Vidal. La otra, más de fondo, señala que el paquete genera un bache de $60 mil millones a la Anses, que serán financiados con el cambio en el modo de ajustar las jubilación, que ahora subirán menos.

Con todo, Vidal sabe que tiene argumentos para responder. Si cierra el acuerdo, comenzará a revertir un ítem clave: la caída de la participación Buenos Aires en la coparticipación secundaria de impuestos que se generó a partir de 1996, cuando comenzó a operar el tope de 650 millones de pesos en el Fondo del Conurbano. Debido a esa medida, la provincia, que por la ley de 1988 ya había visto reducido el porcentual que le tocaba en el reparto al 22%, terminó por recibir  en la actualidad algo menos del 18%.

Además, esa incidencia negativa del tope en el total de coparticipación -producto de la desavenencia entre Eduardo Duhalde y Carlos Menem en 1996 del mismo modo que la creación del Fondo había sido el fruto una acuerdo entre ellos en 1991- terminó por crear asimetrías delirantes. Eso, debido al efecto de la inflación post crisis de 2001 en el excedente que se reparte al resto de las provincias. Baste señalar uno: hoy, la participación de PBA en ese reparto es de menos del 1%.

La última valla que deberá sortear Vidal si es que el resto de los gobernadores aceptar firmar, es analizada por el fiscal de Estado, Hernán Gómez. Como la contraprestación es retirar las demandas de la provincia contra la Nación, eso implicaría que el Estado bonaerense renuncie al retroactivo que planteó ante la Corte, por los últimos cinco años de vigencia del tope, que equivale a unos $250 mil millones. Aún no está claro si se puede renunciar a ese dinero.

El presupuesto

Es probable que Vidal llegue a la cita del jueves, donde recibirá el sí o el no de su pares, con un triunfo político previo. Se lo dará la Legislatura, que se apresta a votarle el presupuesto el martes. Lo hará sin cambios en un proyecto anexo clave: la ley de impuestos. La gobernadora  había pedido no modificar eso porque allí anida otra de las novedades que quiere que definan la segunda parte de su mandato: la reversión del esquema basado en Ingresos Brutos.

Esa mirada está atada a la reforma nacional y tiene un norte: que el impacto de ese tributo al que tenía 20 años atrás, cuando explicaba el 48% de la recaudación. En 2015 daba cuenta del 76% y con el paso que ahora dará la Legislatura, en 2018 incidirá en un 66%. Esa centralidad estratégica explica la negativa a moderar la suba en los inmobiliarios, que además sequirán creciendo los próximos años.

De hecho, el oficialismo apenas negoció cambios en la composición del Fondo Educativo. Respecto de su homólogo para obras municipales, Vidal impuso la negociación cara a cara con los alcaldes cercanos, a los que se les aseguró un nivel de obras satisfactorio para ellos. "¿Para qué hacer un Fondo que después los intendentes kirchneristas terminan usando para hacer obras que se atribuyen a sí mismos"?, fue la lógica que impusieron los negociadores de la mandataria. (DIB)