19-07-2018
"Democracia y Representación: Socializar la Política"
Por Carlos A. Sortino (*) @CarlosASortino 

La disputa electoral ahoga cualquier impulso democrático, porque no está en juego la democracia, sino la representación política del pueblo. Quizás ahora, en un escenario post electoral, puedan decirse algunas cosas y avivar la esperanza de una recepción social interesada, cualquiera sea su magnitud, y de una recepción política despojada ya de paranoias.

El discurso del cambio

En líneas generales, las organizaciones político-partidarias proyectan su praxis desde el supuesto de que la búsqueda de un cambio político, económico y social debe centrarse en la constitución de un grupo dominante realmente representativo. Desean articular sectores sociales capaces de procurar una alteración dentro de las estructuras de poder, con el agregado de constituir una representación legítima de la mayoría de la población.

Por manipulación política de unos y por limitación ideológica de otros, este discurso del cambio sólo puede llevar, en el mejor de los casos, al punto de reemplazar a los actores de las estructuras de poder instituidas, pero conservando sus imperativos materiales e ideológicos. El ejercicio del poder político, la estratificación de las clases sociales y el modo de producción y distribución de la riqueza podrán parecer más o menos "racionales", más o menos "justos", más o menos "humanitarios", pero este complejo institucional permanecerá estructuralmente inalterable.

La tradición nos dice que la estructura económica se impone a o negocia con la estructura política, y que en esta trama la estructura social queda como rehén, dada la imposible articulación entre el hecho de ser el soporte de la estructura económica y el hecho de delegar la satisfacción de sus necesidades y expectativas en la estructura política.

El resultado histórico es la concentración del poder económico (y, sobre todo, la de los sectores estratégicos de la economía, en manos de empresas multinacionales) y la debilidad del poder político ante (cuando no su complicidad con) ese poder económico, lo que ha provocado una gran desconfianza e indiferencia dentro de la estructura social.

La deriva social

Aquella desconfianza se manifiesta en una fragmentación grupuscular de la resistencia y la protesta sociales, caracterizadas por su dispersión e incapacidad de articulación y por la paradoja que marca su alto grado de impacto mediático, inversamente proporcional al bajísimo grado de impacto político, lo que las convierte en una fuerza minoritaria.

Aquella indiferencia se manifiesta en la desafección colectiva por la cosa pública: un pueblo desmembrado en una multitud de individuos sin interacción, cada uno de ellos ocupado de sí mismo sin ninguna conciencia social, funcionando aislado e incluso tratando de mejorar a costa de los demás. Aquí, la paradoja está marcada por un bajísimo grado de conciencia política, inversamente proporcional a su alto grado de impacto político: cuando la conciencia política del pueblo se diluye, el resultado es la legitimación de las relaciones de poder instituidas, lo que convierte a esta "multitud" en una fuerza mayoritaria.

Esta suma de obstáculos aleja, más que acerca, la posibilidad de constituir aquella representación legítima de la mayoría de la población, que, de todos modos, nunca fue tal dentro de los límites de la democracia representativa, salvo que igualemos el concepto de legitimidad al concepto de legalidad y aceptemos que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes.

Siendo imposible por definición -más que por impugnación social- la constitución de una representación legítima, se cae a pedazos la estrategia que surge del discurso instituido del cambio, lo que no supone que deje de gozar de consenso social.

La manifiesta desigualdad en el reparto de posibilidades de interesarse en lo político, la concentración monopólica del poder político, es lo que hace que las "personas comunes" no le pidan a las organizaciones políticas que se le acercan condiciones de participación, sino, simplemente, que le resuelvan sus problemas. Esta es la base del clientelismo, al que tanto se estigmatiza y poco y nada se intenta superar.

Así las cosas, estas "personas comunes" que conforman la estructura social sólo manifiestan el interés de que sus necesidades y expectativas sean satisfechas y no alientan un discurso ideológico aparentemente alternativo, si proviene de un aparato político que sólo tiene por finalidad, representación política mediante, convertir a los dominados en dominantes y a los dominantes en dominados, porque esa inversión de roles les produce temor, porque intuyen que ese cambio no redundará en una mejor calidad de vida y prefieren seguir apostando a la movilidad social (o, en su defecto, al clientelismo) que les ofrece el complejo institucional vigente.

La democracia ausente

Los constituyentes de 1853 lo tenían muy claro: no escribieron la palabra democracia en ninguna página de nuestra Constitución. Y esa tradición se mantuvo inalterable. La República no necesita democracia. Sólo necesita representación.

El anclaje ideológico de este sistema republicano es la forma en que se delega la toma de decisiones bajo una apariencia de igualdad ("una persona, un voto"). Ese anclaje impide el avance hacia un debate público permanente sobre el contenido social de tales decisiones. Esto es: para qué y para quienes. Y es lógica la ausencia de este debate público, porque (si obedecemos el orden constitucional) son sus propios beneficiarios (los "representantes" del sistema de relaciones políticas y los "representantes" del sistema de relaciones productivas) los que deben discutir para qué y para quienes se toman las decisiones (de allí que la "igualdad" es una mera apariencia). 

Toda delegación de poder en unos cuantos representantes lleva inevitablemente a la creación de una élite que lo ejerce frente a la mayoría de los ciudadanos: el representante (incluso, si es honesto) se apropia de las necesidades y expectativas del representado y en esa apropiación decide qué hacer con ellas, cómo y cuándo. 

Fiel al orden constitucional del que deviene, esta práctica política legitima la premisa de que las personas que ganan las elecciones están autorizadas a gobernar como ellas lo crean conveniente. La suposición es que los votantes eligen a los individuos más adecuados para asumir la principal, si no exclusiva, responsabilidad por el presente y el futuro del pueblo. 

Esta lógica goza de consenso social. Se acepta aquel discurso del cambio -instalado en el gobierno, pero también en la "oposición"-, que opera, aunque quienes lo sostengan crean fervorosamente en él, como encubridor de una praxis que intenta apaciguar el conflicto social a cambio de un poco de "oxígeno" para el pueblo, de manera que, a resguardo de cualquier alteración del orden instituido, el poder económico y el poder político puedan resolver sus contradicciones internas (lo que incluye el alcance de las negociaciones que deben llevar entre sí).

La democracia presente 

Una "estrategia democrática" es la que impulsa el salto cualitativo de la petición de derechos individuales y sectoriales a la asunción de responsabilidad y poder colectivos por parte del pueblo. Porque apuesta a que su intervención directa en los procesos de toma de decisión y control de cualquier política pública pueda asignar un contenido social democrático, dejando atrás la fragmentación grupuscular y la desafección colectiva por la cosa pública. 

Pero es preciso que esta acción política no se autonomice de la simultánea construcción de un poder instituyente que tenga por objetivo la superación del sistema capitalista. Si no forma parte de un escenario mayor, esta estrategia democrática sólo será una forma de legitimación "por izquierda" del complejo institucional vigente. 

La cuestión medular de cualquier organización es quién toma las decisiones y cómo lo hace. Este es el proceso político fundamental de los pueblos. Si estos pueblos no se planteanarrancar de su élite programadora el proceso de toma de decisión y control de las políticas públicas (es decir: trascender la representación, socializar la política), no podrán desequilibrar la fuente de poder político ni las fuentes de poder del complejo institucional en su conjunto.

Estamos hablando de un proyecto político-ideológico (no de una necesidad histórica), como cualquier otro. Todos los proyectos político-ideológicos conocidos siguen transitando las vías de su desarrollo y ninguno ha logrado hasta el momento los resultados que auguran. Por lo tanto, ¿por qué no apostar a otra cosa? ¿sólo porque es desconocida? ¿sólo porque no nos ofrece ninguna seguridad? ¿qué proyecto político-ideológico conocido (y experimentado) nos ofrece alguna seguridad?

(*) Carlos Sortino exclusivo para Cadena BA. 25/10/2017

Periodista, ex docente de la UNLP. Referente de la Agrupación Municipal Compromiso y Participación (COMPA): https://www.facebook.com/COMPALaPlata/