Días atrás se dio a conocer que el Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la Provincia de Buenos Aires, órgano independiente de revisión de las cuentas municipales, había realizado diversas observaciones a la Rendición de Cuentas del Municipio de Olavarría durante el año 2016. Lo primero que trascendió del informe del HTC fue la observación de gastos de la "Caja Chica" de la entonces Secretaría General que encabezaba Jorge Larreche donde se había comprado con dinero público alimento para perros y whisky. El HTC le pidió al Municipio que funde "el interés publico" de esas erogaciones.

El tribunal de cuentas de la provincia de Buenos Aires le pide explicaciones al intendente Galli y su gabinete sobre el uso de recursos municipales para la compra de bebidas alcohólicas y alimento para mascotas entre otras adquisiciones con dinero de la caja chica.

 

Así lo consignan dos publicaciones periodísticas que trascendieron en las últimas horas: Una realizada por el portal Infocielo y la otra por la edición en papel de diario El Popular de este domingo.

 

Tras las denuncias realizadas por la oposición, indicaron en un informe que se compró alimento para mascotas, bebidas alcohólicas y pagos a empresas que tienen como titulares diversos funcionarios. El HTC pidió explicaciones, y desde el Municipio informaron que todavía no llegó la notificación.

 

El Concejo Deliberante había aprobado la Rendición de Cuentas 2016 'con observaciones'.

 

Tras las acusaciones y denuncias realizadas por la oposición en el Concejo Deliberante en la Rendición de Cuentas 2016, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires comenzó a analizar los balances del Municipio de Olavarría y puso énfasis en algunas de las observaciones realizadas por el cuerpo de ediles en mayo pasado. El uso de la caja chica es lo más destacado.

 

Cabe recordar que la Rendición se aprobó en el HCD el pasado 30 de mayo, tras duras críticas de la oposición, aunque con lo que se denominó "observaciones a tener en cuenta por el Tribunal de Cuentas". Es decir, se señalaron diversas actuaciones del Ejecutivo que no estaban aprobadas por los concejales cuando debía pasar por allí.

 

De acuerdo a lo que consigna el matutino El Popular, "Ese día, quien tuvo los conceptos más duros fue Margarita Arregui (en el ahora bloque denominado "Cuidemos Olavarría"), quien señaló que "fueron muchos los pedidos de informes que enviamos al Ejecutivo, pocos contestados, como la caja chica, que supongo que han tenido que arreglar, porque los funcionarios se compraban lo cigarrillos, la comida para los perros, y pagaban las cenas con amigos, lo que tendíamos que saber es si repusieron ese dinero o presentaron facturas truchas".

 

Y no sólo eso: la propia Arregui había indicado, en diciembre del año pasado (cuando se trató el Presupuesto 2017 que fue aprobado por unanimidad), que "tenemos indicios que con los recursos que se encontraban en el Presupuesto 2016 determinados funcionarios salían a comer y en nombre de la Municipalidad aparecían las rendiciones de la caja chica. Si bien no conocimos nunca los montos, debo decir que el Sr. Intendente rubricó un decreto reglamentando el uso de la caja chica. Y en ese decreto dice que de ninguna manera se aceptarán gastos de comida. Seguramente este decreto es la consecuencia de que nuestro bloque le informó al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia. Este organismo, junto a los mínimos aportes que podemos hacer nosotros, está haciendo un muy buen trabajo".

 

El informe del Tribunal de Cuentas

Pues bien, ante las denuncias y observaciones, el Tribunal de Cuentas (TdC) comenzó a emitir informes que daban cuenta de estas situaciones, donde se solicitó además las explicaciones correspondientes a los funcionarios locales.

 

Los apuntados, básicamente, son dos. Ezequiel Galli sería el tercero, pero aparece con el rol del responsable político de todas las actuaciones correspondientes de ese periodo.

 

Pero, volviendo a los apuntados, se indicó que desde la Secretaría General y de Coordinación (que tuvo como titular a Jorge Larreche hasta marzo de este año) hubo gastos que se pagaron con la comúnmente denominada "caja chica" de casi 300 pesos en yerba, leche, salvado y bizcochos, y lo que resulta un tanto alarmante, casi 1.500 para comprar una bebida alcohólica.

 

A eso se le suma el segundo apuntado: Gastón Acosta, quien desde la Subsecretaría de Administración (cartera que tuvo un cambio en el organigrama y hoy es la Secretaría de Economía) se imputaron 520 pesos para "emprendimientos privados" es decir, pagar un "acta notarial" a nombre de una sociedad simple que tendría vinculación con el funcionario.

Un dato a tener en cuenta es que se ratificó lo denunciado por Arregui meses atrás: el Tribunal de Cuentas también marcó imputaciones por la compra de alimento para perros -de una marca de las conocidas como "premium"-.

 

En este sentido, los documentos accedidos por diversos medios provinciales plantean que el TdC solicitó explicaciones a Galli y los funcionarios nombrados. Textualmente, pide que se envíen "las explicaciones y antecedentes que demuestran la finalidad pública de los gastos cuestionados o, en caso contrario, la documentación que permita verificar el reingreso de los fondos a las arcas municipales".

 

En diálogo con el Diario "El Popular" de Olavarría, fuentes municipales indicaron que "se desconocía" una notificación de este sentido en el Palacio San Martín, al menos hasta el pasado viernes. Restará determinarse si dicho pedido de explicaciones tendrá llegada en la semana que comienza.

 

A todo esto, el HTC establece, según una resolución de este año, que se modificó el monto establecido para las cajas chicas. A partir de agosto es de 28.000 pesos en cada una de las "cajas chicas" que tienen las carteras municipales. Un dato a tener en cuenta es que es la primera modificación después de tres años: la última fue en el año 2014 y era de 16.000 pesos.

Más observaciones

El tema sigue generando polémica y el Diario "El Popular" de Olavarría hizo público algunos detalles del Informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

 

Se sostiene que el HTC dice  que "los comprobantes no identifican al adquirente, imposibilitando de esta manera verificar la finalidad pública del gasto". En general, sucede que son a consumidor final, es decir, se compran en negocios como cualquier persona.

 

Las cajas señaladas son las de Desarrollo Local, Secretaría General y la Subsecretaría de Administración. El dato más fuerte es el combustible: hubo consumos de 5.207,73 pesos en total. Si bien el Jefe comunal como sus funcionarios pueden explicar los gastos entendidos como viajes por gestión, o demás, no están comprobados de manera documentada.

 

El organismo, de hecho, sugirió "el envío de las explicaciones y antecedentes que demuestren la finalidad pública de los gastos cuestionados (para el caso de los gastos en combustibles, también se deberá indicar el vehículo oficial utilizado, acompañando las constancias que demuestren que los mismos pertenecen a la flota municipal) o, en caso contrario, la documentación que permita verificar el reingreso de los fondos cuestionados a las arcas municipales".

 

Un dato llamativo y hasta curioso si se quiere es que aparece en reiteradas ocasiones el ítem "panadería" sumado al de gastos de almacén, salados, termos para el mate y hasta una quesera de plástico. Sin contar una picada en pan de campo, junto con gaseosas y otros fiambres, que tuvo un costo de 750 pesos.

 

A eso se le suma un gasto de un acta notarial realizada con fondos públicos a una empresa que según se indicó "no tiene que ver con un gasto del Estado", por lo cual se pidió documentación para efectivizar dicha relación.

 

Finalmente, aparecen los gastos mediáticamente más conocidos, que son la comida para perro y dos bebidas alcohólicas muy costosas. En el informe, a su vez, se señalaron dos botellas pequeñas de cerveza, con el ticket comprobante pero sin explicar el motivo "público" por el cual se consumió.

 

También el HTC observó el trabajo de una empresa dedicada al desagote de pozos ciegos

 

Según el organismo de control la empresa adjudicataria no cumplió en tiempo y forma con las condiciones previstas en el pliego de bases y condiciones: "Ello toda vez que la misma sólo acepta que se pasen las direcciones para que fueran a cada lugar por mail, no respondiendo nunca el teléfono, ante un reclamo le cobraba a la persona con anterioridad el desagote sin llevarlo a cabo o lo realizaban pasados varios días", sostiene el organismo.

 

Aquí aparece lo grave: "Ante estos reclamos, desde la empresa en principio tercerizaron el servicio para dar respuesta, 'situación no resuelta a la fecha' " es decir, sin que se envíen todavía las órdenes de compra y de pago, y copia del contrato de locación de servicios, entre otros.

 

El dato a repetir en todo esto es que el Municipio todavía puede objetar y responder a todas estas observaciones. De estar todo justificado, son algunas pequeñas irregularidades administrativas subsanadas. En caso de que no se justifique, el Tribunal puede sancionar y multar a los funcionarios responsables, con dinero que deberá salir de su patrimonio personal. (En Línea Noticias)