Lamentablemente el gobierno de Mauricio Macri cada semana implementa o intenta hacerlo, medidas que nos demuestran que el ajuste lo pagan y seguirán pagándolo los mismos.

En la nota anterior publicada en este medio, me referí a la intencionalidad del gobierno nacional de implementar reformas en la legislación laboral que impliquen una reformulación a la baja de los beneficios de los trabajadores y explicitamos como el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establecía garantías difíciles de salvar para implementar esas políticas.

Contemporáneamente, funcionarios del gobierno nacional se expresaron propiciando una modificación a la legislación previsional que implicará la modificación a la baja de los coeficientes que fijan el monto y la actualización bianual del haber previsional de cada beneficiario del sistema, como así también la elevación de la edad jubilatoria para los ambos sexos.

Ya había manifestado mi desacuerdo con ello, en un comunicado del año pasado, donde precisé que, en un escenario laboral donde el avance tecnológico, la robótica, la informática y la automatizaciónhacen avizorar una descendente demanda de mano de obra y una mayor escases de empleo, y ello ha llevado a que algunos países evalúen la posibilidad de reducir la jornada laboral, como una forma de hacer llegar a un mayor universo, un bien escaso, el trabajo, elevar la edad jubilatoria, es enfocar el problema desde una óptica exclusivamente economicista, sin encararlo con una visión integral del contexto social en el cual va a ser aplicado. Se omite tener en cuenta que ello implica posponer en cinco años el recambio generacional laboral, taponando el ingreso de los jóvenes al primer empleo. Es peor el remedio que la enfermedad.

En líneas generales las fuentes de financiamiento del sistema jubilatorio son tres: a) los aportes de los trabajadores y los aportes del empleador, b) los impuestos de afectación específica y c) las erogaciones del Tesoro Nacional que se destinan anualmente a través de la Ley de Presupuesto.

Dicho esto, es claro que modificar solo aquellas variables que pesan sobre el trabajador es poner el peso del pretendido ajuste exclusivamente sobre sus hombros, cuando los organismos internacionales de la Seguridad social como la OISS, AISS, OIT siempre han recomendado que los países que se ven en la necesidad de modificar sus regímenes jubilatorios deben hacer las menores modificaciones posibles en cada una de las variables de las que se financian a fin de repartir la carga de las mismas entre los diferentes actores y de esa manera hacerlo más justamente.

Destaco que se pueden adoptar medidas para mejorar la recaudación previsional, tales como liberar los topes hasta los cuales las remuneraciones mayores pagan aportes y encima de esa suma no lo hacen, ello apuntaría a hacer real y efectiva la solidaridad entre los que más y los que menos ganan.

Otra medida en el mismo sentido puede ser incrementar el porcentaje del aporte jubilatorio que corresponde al empleador restableciendo el que se redujo muchos años atrás, en un vano intento, que no arrojó resultados, cuando planteaban que la reducción en las cargas laborales sería un estímulo al empleo en blanco.

Incluso otras dos alternativas a tener en cuenta son las de modificar los impuestos de afectación especifica (por ejemplo en aquellos sectores que desde el inicio de esta gestión se vieron beneficiados con importantísimas reducciones impositivas) o destinar mayores montos en la Ley de Presupuesto para la Seguridad Social.

A todo evento, tomando en cuenta que el titular del ANSES para justificar su posición, manifestó: "lo ideal sería que el sistema te permita seguir acumulando dinero y después cada persona elija si sigue trabajando o se jubila", del caso es destacar que en el actual sistema, para habilitar esa posibilidad, no es necesario modificar la edad jubilatoria, sino tornar la jubilación optativa para el trabajador y dejar sin efecto la facultad del empleador de intimarlo a jubilarse cuando cumple los requisitos para hacerse acreedor al beneficio.

Lo que realmente sucede, es que quienes hoy nos gobiernan, apuntan a avanzar paulatina y progresivamente en forma solapada a una destrucción del sistema previsional argentino, direccionándose a un sistema mixto, donde a partir de determinada fecha y cuando la relación de fuerza en el Congreso Nacional se lo permita, los que se jubilen en el futuro cobren solamente una Prestación Universal, que hoy al haberse eliminado la moratoria previsional, ya perciben los adultos mayores que no cumplan los requisitos de años aportados y complementarlo con una prestación vinculada a la capitalización de lo que cada uno haya aportado, es decir un sistema mixto que no implica otra cosa que un retorno parcial al sistema de capitalización de las tan recordadas A.F.J.P. que eche por tierra el sistema actualmente vigente, basado en la solidaridad inter y transgeneracional.

Culmino transcribiendo la parte pertinente del aludido artículo constitucional que al respecto establece "…El Estado otorgará las beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter integral e irrenunciable….jubilaciones y pensiones móviles…"etc.

En el caso de los trabajadores del sector público de la provincia de Buenos Aires, el artículo 40 de la Carta Magna Provincial lo refuerza categóricamente:"La Provincia amparará los regímenes de la seguridad social emergentes de la relación de empleo público provincial. El sistema de seguridad social para los agentes públicos estará a cargo de entidades con autonomía económica y financiera administradas por la Provincia con participación en las mismas de representantes de los afiliados conforme lo establezca la ley…"

Cabe reiterar la parte final de mi anterior nota, recordando a Scalabrini Ortiz, "Si no se legisla explícitamente en beneficio de los débiles, se lo está haciendo implícitamente para los poderosos" el Presidente Macri y su equipo no se conforman con hacer implícito el beneficio a los poderosos, sino que desean hacerlo en forma expresa. Afortunadamente el aludido artículo 14 bis Nacional y el 40 Provincial ponen un valladar difícil de salvar, aunque estemos atentos, porque a quienes hoy nos gobiernan, poco o nada le importan los pruritos institucionales y constitucionales.

(*) Abogado laboralista. Ex Ministro de Trabajo de la Provincia de Bs. As. durante los dos mandatos del gobernador Scioli.

Nota publicada "1.000 Caracteres" en el 29 de agosto de 2017