Este viernes se cumple un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. El joven fue visto por última vez en una manifestación en apoyo a los reclamos del pueblo mapuche. La misma fue reprimida por la Gendarmería nacional. Desde entonces no se supo más nada de él. Su caso se ha convertido en una crisis política para el Gobierno, con repercusión internacional, que golpea también al régimen político. La carátula de la causa es: desaparición forzada.

Heridas del régimen

Luego del genocidio de la última dictadura, las fuerzas armadas argentinas se convirtieron en las instituciones del régimen político que mayor desprestigio ganaron ante los ojos de millones de habitantes. Ni los juicios a algunos ejemplares de la dictadura, ni los intentos de reconciliación, desde Milani en adelante, pudieron cerrar esa herida. El Ejército fue la fuerza que mayor desprestigio ganó dentro de la población, por ser la cara visible de un plan sistemático de exterminio, planificado por el imperialismo, el capital extranjero y el empresariado nacional, para imponer un nuevo modelo económico y social, a tono con la avanzada neoliberal que recorría en mundo.

Luego llegaron los años '90, donde dicha política económica, gestionada por las distintas versiones del peronismo (principalmente), como también por las versiones de lapso radical, hicieron lo suyo con la Policía Federal y Bonaerense. Fuerzas que en ese periodo dejaron en evidencia ante millones su complicidad no sólo con los grandes delitos, sino también en las respuestas represivas a las manifestaciones de la crisis social. Desde las represiones a los movimientos piqueteros que nacieron en la periferia, hasta su rol en las jornadas de diciembre de 2001, pasando por el Puente Pueyrredón en el 2002, o en la liberación de la zona el día y en el lugar donde una patota ligada a la burocracia sindical que comandaba José Pedraza, asesinó a Mariano Ferreyra, son algunos de los ejemplos que vivimos las últimas décadas. Por esos años, en un hecho de otro tenor, pero que tiene puntos de contacto, desapareció Jorge Julio López a manos de la Policía Bonaerense, institución que mantenía hasta entonces (y hasta hoy) ejemplares de la dictadura entre sus filas.

También los tenía el poder judicial, que bajo el orden democrático, había dejado en funciones a por lo menos 400 jueces que habían cumplido funciones mientras se desarrollaba el genocidio. Un poder judicial garante de impunidad e implicado en casos de corrupción, que se acomodó a cada cambio de Gobierno, y que se constituyó como una casta de privilegiados, asentada en millonarias dietas, que no paga impuestos, que tiene instituciones y miembros vitalicios. Bastó con que intentase aplicar el fallo del 2x1 a los genocidas, para que se demostrara su falta de autoridad para atropellar las conquistas democráticas adquiridas con años de lucha.

Cerrando filas

La defensa acérrima (y hasta desesperada) de Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad, de la Gendarmería, se apoya en una problema estratégico para el Gobierno pero también para el régimen político.

Hasta la desaparición forzada de Santiago Maldonado, era la única fuerza represiva nacional que contaba con cierto prestigio (ante el hundimiento de todas las demás), como para reprimir protestas de trabajadores, como sucedió en el último paro nacional del 6A y antes con protestas como las de los trabajadores de Lear donde balearon con proyectiles de goma al diputado nacional Nicolás del Caño que estaba al frente de la defensa de los despedidos. La misma fuerza utilizó Scioli para militarizar los barrios, y ahora Cambiemos, para la supuesta embestida contra el caballito de batalla (electoral) del Gobierno, llamado: "mafias".

Obviamente, en esta crisis política nacional no sólo se juega el prestigio de una de las pocas fuerzas en las que se puede apoyar el Gobierno. El hecho de que en la represión haya participado el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, compromete directamente, y sin vacilaciones, a la ministra y la coalición de gobierno de la que es parte.

El miércoles, el jefe del gabinete nacional, Marcos Peña, se presentó en la Cámara de Diputados del Congreso nacional. La sesión guardó una imagen inédita. La mayoría de las bancas tenían sobre sí la imagen de Santiago Maldonado, y la pregunta recurrente de los bloques opositores fue la misma que inunda cada segundo las redes sociales: ¿dónde está Santiago Maldonado? Peña no pudo responder más que con evasivas.

Pero si su desaparición afecta también al régimen político, sólo se explica la foto de Santiago en esas bancas, porque estamos atravesando una coyuntura electoral, donde el Gobierno en las PASO se impuso, no sin contradicciones, como primera minoría nacional.

Por eso mismo, es que en el acto que protagonizó Cristina Fernández en La Plata, para dar inicio a la segunda etapa de su campaña, aclaró que "la gendarmería de hoy es la misma gendarmería del año 2015, lo que cambió es el Gobierno que da las ordenes", bajandole cuantiosamente el precio a la responsabilidad material de dicha fuerza en la represión y posterior desaparición forzada de Santiago Maldonado.

El rol de los sindicatos

Tan grande es el repudio por la desaparición de Santiago Maldonado, que hasta la CGT, en el acto express realizado el martes 22 de agosto, exigió su aparición con vida, aunque sin comprometerse en ninguna medida que ataque la impunidad y encubrimiento del Gobierno.

Esta semana, fiel a su estilo, los funcionarios de Cambiemos y sus periodistas amigos, atacaron a los gremios docentes que impulsan jornadas de reflexión en las escuelas ante la desaparición del joven que conmueve al país. Bajo el ataque macartista a los docentes que "hacen política", intentan impedir que los sindicatos tomen un rol activo en esta lucha. 

Por un lado, los derechos humanos son contenidos curriculares incorporados a todos los niveles educativos. Desde este punto de vista no hay contradicción pedagógica alguna al referirse al tema en las aulas e involucrar en el debate a la comunidad educativa.

Pero lo cierto es que el Gobierno cuenta con los medios hegemónicos de comunicación para colaborar con el encubrimiento y la impunidad, ensuciando a la familia, amigos y al pueblo mapuche. ¿Con qué medios cuentan los trabajadores y sectores populares?

Los intereses económicos de los Benetton, dueños ilegítimos de una patagonia que se expropió a la fuerza para erigir el Estado nacional, son los que defienden desde el Gobierno hasta los grandes medios.

De un lado están los terratenientes, los capitalistas extranjeros, el Gobierno que utiliza las fuerzas del Estado a su favor, la Gendarmería que aplica dicha fuerza y las empresas mediáticas. Del otro, los mapuches que reclaman por sus tierras y los derechos democráticos más elementales de quienes se solidarizaron con ellos, como en este caso Santiago Maldonado que desapareció en el marco de la represión estatal.

El viernes en Plaza de Mayo, a un mes de su desaparición, se pronunciarán todos aquellos que exigen su aparición con vida. Un fuerte movimiento crece desde abajo. Las acciones se replicarán en todos los rincones del país.

Es tarea de la izquierda radical y los sectores clasistas, fortalecer al interior de los sindicatos la entrada de los trabajadores con sus organizaciones y sus métodos de lucha, en este pronunciamiento masivo contra la impunidad, que si no se frena será utilizada en las lucha venideras. La juventud, que está conmovida mayoritariamente con esta situación, tiene como tarea también poner sus centros de estudiantes al servicio de esta lucha, con aquellos que pueden inclinar la balanza. Esta alianza se consolidará si da cada paso de la mano de los organismos de derechos humanos, sobre todo con aquellos que son independientes y no tienen compromisos con el régimen político. Porque lo que está en juego es mucho. Mucho más de lo que se dirime en la próxima contienda electoral de octubre.