En un comunicado, el Ministerio de Justicia brasileño salió al cruce de un comunicado conjunto de Gils Carbó y el jefe de los fiscales de Brasil, Rodrigo Janot, en el que acusan a los poderes ejecutivos de "obstruir" los procedimientos de cooperación sobre el caso Odebrecht firmados entre los ministerios públicos el 22 de junio en base a la Convención de la ONU contra la corrupción.

"Como se sabe, ninguno de los ministerios públicos es un 'Estado Parte' en el ámbito del derecho internacional. Ausente este 'acuerdo o tratado bilateral' entre Estados Parte, el acto celebrado por las fiscalías no obliga al Estado brasileño", afirma el comunicado del gobierno de Michel Temer.

Agrega que pese "al aprecio y reconocida dedicación de las fiscalías de Argentina y de Brasil, el acto entre ellos firmado no vincula al Estado brasileño".