Poco después de su toma de posesión, el presidente George H. W. Bush le aconsejó a quienes acababa de designar para cargos de la Casa Blanca que "en realidad no es muy complicado. Se trata de separar lo correcto de lo incorrecto, evitar conflictos de interés, esforzarse al máximo para que no se piense que hay conflictos de interés". A esa declaración le siguió una acción: establecer estándares de conducta para el poder ejecutivo y resolver sus propios conflictos de interés. Sus palabras y actos establecieron el tono para la gobernanza ética en Estados Unidos.

Desde la promulgación de la Ley de Ética en el Gobierno, los presidentes estadounidenses han llegado al cargo con una apreciación de lo importante que es predicar con el ejemplo. Aunque están exentos del estatuto sobre conflicto de intereses —que prohíbe a otros funcionarios a trabajar en temas que afecten sus intereses financieros— todos han cambiado sus inversiones de bienes por los que habría conflicto y pusieron sus ganancias en fideicomisos liderados por un tercero. Sabían que estar exentos del estatuto no es un premio por estar en un cargo de alto nivel, sino un reconocimiento pragmático de que Estados Unidos necesita que su presidente esté ocupado con los temas urgentes del Estado. Al someterse a los mismos estándares que el resto de la rama ejecutiva, le enviaban un mensaje claro a sus subalternos.

Esta tradición tuvo un abrupto final con el presidente Donald Trump. Al seguir poseyendo sus negocios y promoverlos por las visitas frecuentes a sus propiedades, el líder estadounidense crea la percepción de que está generando ganancias de su presidencia. Con como están las cosas, no podemos saber si sus decisiones como mandatario son motivadas por metas políticas o intereses financieros.

Cualesquiera que sean sus intenciones, la incertidumbre pone en duda todo el proceso de toma de decisiones del gobierno.

Este giro cambia fundamentalmente el programa de ética del poder ejecutivo. He sido un estudioso del programa desde que llegué a la Oficina de Ética Gubernamental (OGE, por su sigla en inglés) en 2001, con quien en ese entonces era la abogada general de la oficina, Marilyn Glynn. Todas las administraciones pasadas han apoyado de forma activa el trabajo de la OGE y la han respetado por pronunciarse cuando ha sido necesario. El respaldo de la Casa Blanca le daba las herramientas para cumplir con su misión.

No sugiero que siempre fue algo fácil. Al pasar buena parte de mi carrera en el programa de nominados presidenciales, usualmente tuve roces con las personas nombradas en diversos cargos y los abogados de la Casa Blanca de los gobiernos de Bush y de Obama, al diferir sobre cómo es mejor responder a los riesgos éticos. A veces esos desencuentros eran animados; en ocasiones fueron candentes. También estoy seguro de que varios nominados se sintieron heridos por el doloroso proceso de resolver sus conflictos de interés.

Sin embargo, incluso cuando no estábamos de acuerdo, los funcionarios de la Casa Blanca siempre entendieron que la única meta de la OGE —y, en efecto, mi única meta— era proteger la integridad de las operaciones del gobierno. Los beneficiarios incidentales de esos esfuerzos fueron los gobiernos de Bush y Obama y los nominados que evitaron problemas.

Por eso es desesperanzador ver cómo se está afectando al programa de ética.

La OGE ha cumplido la misma función de siempre con los nominados de la actual administración. De hecho, logré que los nominados del presidente Trump pudieran moverse a la siguiente fase más rápido en promedio —cada seis días— que los nominados de Obama durante la última transición presidencial, y sin comprometer los estándares de la oficina. Estoy particularmente orgulloso de este logro porque los nominados de la actual administración usualmente tienen intereses financieros más complejos que los de la administración pasada, una circunstancia que normalmente reduciría el ritmo al que trabaja la OGE. Desafortunadamente, ha sido más difícil lidiar con otras cuestiones de la cultura ética, a la deriva en el actual gobierno.

Los efectos acumulados de cómo se ha desviado el presidente de las normas éticas en existencia ya alcanzaron a otros en el gobierno. El tono que se ha adoptado desde arriba hizo que una persona designada por la Casa Blanca usara su cargo para promocionar los productos de la hija del presidente y un libro de Trump. Otro integrante del gabinete —cuya boda, según los reportes, incluyó el uso de un camión fletado desde uno de los hoteles del presidente— usó su cargo para invitar a la gente a ver una película producida por él. El anterior secretario de Prensa enalteció una de las propiedades comerciales del presidente como "la Casa Blanca invernal" y el Departamento de Estado la promovió así por todo el mundo.

Un abogado de la Casa Blanca hizo la extraordinaria afirmación de que "muchas regulaciones promulgadas por la Oficina de Ética Gubernamental no son aplicables a empleados de la rama ejecutiva del presidente". Haciéndose eco de este punto de vista, la Oficina de Gestión y Presupuesto retó la autoridad de la OGE para recopilar registros rutinarios sobre ética. Incluso algunos nominados por el presidente se han resistido a los procesos éticos con una gran intensidad.

También se ha visto afectado el mismo funcionario encargado de las éticas de la Casa Blanca, el abogado del presidente. Su oficina recientemente juntó diez "exenciones" sin fecha y sin firma que probablemente serán usadas de forma retroactiva, lo que despierta el temor de un esfuerzo para cubrir violaciones de ética. Lo que es peor, parece que el mismo consejero emitió dos de las exenciones… y que será el receptor de estas. Su segundo también descartó reportes de prensa sobre si las reglas de ética eran aplicables a uno de los exclientes de ese funcionario. Además, su oficina ha tenido una respuesta tardía a las solicitudes de la OGE sobre las designaciones, pese a que es la obligación de la oficina revisar las declaraciones fiscales de estos y certificar que cumplen con las normas.

Al proyectar su partidismo cínico, algunos defensores de esta conducta minimizan las muestras de preocupación —e incluso de resignación— al calificarlas como reacciones motivadas por la política. Pero lo que subyace en mi preocupación es la fidelidad al principio de que el servicio público es un bien público. No estaba buscando esta pelea; me topé con ella.

Puedo asegurarle a quienes recitan el guion preparado por este gobierno que no disfruto de la atención ni de ver los efectos negativos que ha sufrido el programa de ética. Como le dije al senado durante mi proceso de confirmación de 2012, soy un creyente de los principios fundacionales del programa de ética para la rama ejecutiva. También estoy muy al tanto de que el programa le debe mucho de su éxito pasado a ambos partidos y de que se requiere de ambos para que vuelva a estar en buena salud. Abogar por este sistema de ética del poder ejecutivo es apuntalar la misión de una institución esencial de nuestra forma de gobierno representativo.

Los defensores del statu quo también parecen estar indispuestos a reconocer la existencia de un problema a menos que haya evidencia perfectamente clara de violaciones significativas. Ese argumento podría, peligrosamente, legitimar un enfoque a favor de cumplir, apenas, con los requisitos.

La existencia o ausencia de violaciones identificadas no es la única medida que debe cumplir un programa ético; ninguno de este tipo puede detectar todas las violaciones y las que son detectadas con frecuencia son difíciles de comprobar. La base del programa ético es un mecanismo de prevención con sistemas diseñados para reducir el riesgo de que ocurran violaciones. Esos sistemas dependen de que nos atengamos a las normas éticas.

Las experiencias recientes me han convencido de que el sistema no está preparado. La Oficina de Ética Gubernamental requiere de mayor autoridad para obtener la información requerida de la rama ejecutiva, incluida la Casa Blanca. Esta y las agencias que no tienen inspectores generales necesitan fiscalización, que debe coordinarse con la OGE.

La oficina de ética necesita más independencia, incluida la autoridad de comunicarse directamente con el congreso para temas presupuestarios y legislativos. Como no podemos confiar en que los presidentes cumplan de forma voluntaria con las normas éticas, necesitamos nuevas leyes que respondan a sus conflictos de intereses, a fiscalizar la compensación que reciben por usar su nombre cuando están en el cargo, casos de nepotismo y que se publiquen sus declaraciones de impuestos.

La transparencia debe incrementarse por medio de leyes que exijan la creación y publicación de documentos sobre desinversiones, recusaciones, exenciones y capacitaciones. Estos cambios le darían a la OGE las herramientas necesarias para lidiar con los retos actuales y, algo que quizá es más importante, reforzar en los presidentes la importancia de que el tono y la respuesta a temas éticos debe establecerse de forma seria desde arriba.

(*) Walter Shaub Walter Michael Shaub Jr. (nació el 20 de febrero de 1971) es un abogado estadounidense especializado en ética del gobierno que, hasta el 19 de julio de 2017 fue director de la Oficina de Estados Unidos de Ética Gubernamental. 

Shaub obtuvo una licenciatura en historia de la Universidad James Madison , luego obtuvo su título de abogado en el Washington College of Law de la Universidad Americana . Pasó de 1997 a 2004 como abogado en agencias federales, incluyendo la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina Central del Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos , la Oficina del Consejo General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el United Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos Oficina de Asesoría Regional de Baltimore-Washington. En 2004, se convirtió en abogado de la firma de abogados Shaw, Bransford, Veilleux y Rother. En 2006, se unió a la Oficina de Ética Gubernamental para convertirse en el abogado a cargo del programa de nominación presidencial. Él ocupó este cargo durante dos años antes de convertirse en el Asesor General Adjunto en 2008. En 2013, fue nombrado por el presidente Barack Obama a un mandato de cinco años como director de la Oficina de Etica Gubernamental. 

Nota publicada en el New Tork Time el 18 de julio de 2017 y en el NYT en español el 25 de julio de 2017.