"Quienes se empeñan en hacernos creer que Nisman no avanzó en diez años en la investigación del atentado, omiten maliciosamente la circunstancia de que mucho más no sería posible hacer en el proceso judicial, ya que la ley argentina no admite el juicio en ausencia de los acusados"

Un nuevo aniversario del brutal atentado a la sede de la AMIA-DAIA nos conduce a la reflexión de qué hemos hecho como sociedad con este suceso histórico tan traumático. Cuando decimos sociedad nos referimos, en especial, a su clase dirigente, y en particular, a su administración de justicia, hoy en día en el centro de los cuestionamientos de los ciudadanos, tanto en materia de inseguridad como de corrupción.

Durante muchos años escuchamos que el fiscal Alberto Nisman no había avanzado con la investigación de la causa, versión que se agudizó luego de su trágico y aún no esclarecido homicidio. Es sabido que quienes sostienen esta tesis desde lugares de poder, han formado parte de algún modo del encubrimiento de los autores del atentado a través del Memorandum de entendimiento con Irán, declarado inconstitucional por la justicia argentina.

A pesar de que hayan intentado denostar a Nisman por razones personales y profesionales, lo cierto es que la causa de la investigación del atentado recobró una línea de avance a partir de la creación de la fiscalía especial (UFI AMIA) en el año 2004, dirigida por el fiscal hasta el día de su muerte. En este marco se profundizó la investigación hasta llegarse a ordenar, por pedido de Nisman, la declaración indagatoria de ocho iraníes y dos libaneses, sus pedidos de captura internacional y las tan mentadas alertas rojas de Interpol. Quienes se empeñan en hacernos creer que Nisman no avanzó en diez años en la investigación del atentado, omiten maliciosamente la circunstancia de que mucho más no sería posible hacer en el proceso judicial, ya que la ley argentina no admite el juicio en ausencia de los acusados.

De allí la relación que existe entre el atentado, la denuncia de encubrimiento formulada por Alberto Nisman, y su homicidio ocurrido cuatro días después. La energía desplegada por el gobierno anterior para frenar la investigación del encubrimiento fue proporcional a la gravedad de la denuncia. Más allá de todos los hechos de corrupción que venimos conociendo, la circunstancia de que se haya colaborado para que los responsables del atentado lograran su impunidad, constituye la más inusitada acusación que pesa sobre ese gobierno.

Por ello creo que cada 18 de julio (como a partir de 2015, cada 18 de enero) la sociedad argentina debe volver a la reflexión y al reclamo del esclarecimiento definitivo de todos estos hechos que la enlutan. Las familias de las víctimas fatales del atentado, incluidas las hijas de Alberto Nisman, esperan pacientemente esa conducta de los Poderes del Estado que, en este caso, no es sólo política y judicial, sino, fundamentalmente, ética.

(*) Titular de la Fiscalía Nº 2 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal