El juez federal Sebastián Ramos notificó a la Justicia brasileña la "imposibilidad" de firmar el acta de colaboración con ese país para intercambiar información vinculada al supuesto pago de sobornos en el marco del escándalo conocido como "Lava Jato", debido a que la ley argentina no prevé eximir de culpa penal a los arrepentidos.

"No resulta posible asumir un compromiso con la amplitud pretendida, puesto que excede el ámbito de competencia de este magistrado", advirtió Ramos quien investiga una causa en la que está imputado el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, Julio De Vido, por supuesto direccionamiento en la venta de acciones de Petrobrás en el 2007.

"Aceptar las condiciones de cumplimiento solicitadas por el Estado requerido iría en desmedro de los principios procesales y deberes que regulan el accionar de un juez", concluyó en el oficio de respuesta a la propuesta de colaboración judicial enviada desde Brasil.

Y detalló que el artículo 71 del Código Penal sostiene que "deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales con excepción de las que dependieran de instancia privada y las acciones privadas".

"Ello se traduce en la automática e inevitable reacción del Estado frente a la hipótesis de comisión de un hecho delictivo que por su carácter de irrenunciable, prohíbe cualquier tipo de discreción en el ejercicio de la acción" agregó el magistrado.