15-12-2017
"Por un organismo que luche contra el nepotismo"
Por Yamil Santoro @yamilsantoro
hace pocos días Jorge Ferraresi, Intendente de Avellaneda, designó a su hija de 23 años como Directora General de Arte, Cultura y Espectáculos del Municipio. Este es uno de tantos casos en los cuales el poder político actúa de manera corrupta utilizando los recursos de todos nosotros, los contribuyentes, para favorecer a familiares o amigos. El Frente para la Victoria tiene un largo historial de uso del Gobierno para beneficiar a amigos, vale recordar otros infames casos como el de Delfina Rossi, hija del Ministro Agustín Rossi acomodada en el Banco Nación, o el de Rocío García, mujer de Máximo Kirchner.

El nepotismo, el amiguismo y otras formas de corrupción terminan impunes en nuestro país por un déficit en las normas de ética pública. Ambas prácticas representan un desvío del uso de los recursos del Estado. En lugar de procurar encontrar a la persona más idónea para la función y satisfacer de la mejor manera posible el cargo en cuestión, se "privatiza" el cargo y se favorece a alguien, en detrimento de toda la comunidad.

El daño se da por partida doble. Por un lado, los contribuyentes debemos soportar con nuestros impuestos a una persona que brinda un servicio de inferior calidad que el que podría brindar otra persona más idónea. En segunda instancia, el nepotismo supone robarle a una persona potencialmente mejor preparada la posibilidad de acceder a una función con base en su capacidad.

En definitiva, tanto el amiguismo como el nepotismo debilitan los incentivos para aspirar a la excelencia e incentivan a que se invierta más energía en fortalecer lazos y rosquear que en estudiar y perfeccionarse.

Hace un par de años hice propia la causa relacionada con Delfina Rossiquien, sin contar con la experiencia que la ley requería para el cargo, fue designada como directora del Banco Nación por claro tráfico de influencias. En el proceso me di cuenta de que es sumamente difícil luchar en la Argentina contra este tipo de corrupción. A los ciudadanos no se nos reconoce, en principio, el derecho a cuestionar judicialmente este tipo de abusos y lasherramientas que nos brinda el Estado a los ciudadanos no resultan suficientes para enfrentar esta realidad.

A nivel nacional, existe la Ley de Ética Pública (ley 25188), que debería protegernos de estas cuestiones. La misma aplica a todos los funcionarios, en todos los niveles, en todo el Estado. Deben cumplirla el Presidente, los ministros y todos los otros funcionarios, sin excepción.

La la Ley de Ética Pública estipulaba, en el capítulo VII de su redacción original, que se debía armar una Comisión Nacional de Ética Pública integrada por 11 miembros designados por distintos poderes y aprobados por mayorías especiales. Era un excelente mecanismo para garantizar un control cruzado y prevenir abusos. Lamentablemente desde su sanción, en el año 1999, nunca se conformó el organismo y en el 2013 el kirchnerismo sancionó la ley 26857 y eliminó por completo la Comisión Nacional de Ética Pública y por ende dejó a la Argentina sin el organismo responsable de controlar. Es decir, durante diez años de gobierno omitieron cumplir con la ley y en 2013 directamente decidieron reformarla para eliminar al órgano de control.

A partir de la reforma del 2013, Argentina no posee un órgano que se encuentre facultado para interceder de manera directa y específica en asuntos de ética pública. Si bien existe la Oficina Anticorrupción, estas no son sustituibles y trabajan de manera diferente y complementaria, ya que, por ejemplo, la Comisión Nacional de Ética Pública tiene competencia en todos los poderes del Estado (Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo y Ministerio Público) y en todas sus jerarquías, mientras que la Oficina Anticorrupción sólo es competente para entender en asuntos que se encuentran dentro de la órbita del Poder Ejecutivo.

Pero al menos a nivel nacional tenemos una ley que, sin contar con herramientas suficientes para ser cumplida identifica las faltas a la ética pública. La Provincia de Buenos Aires, de donde es Jorge Ferraresi, no cuenta con una ley de ética pública. La misma fue boicoteada por el Frente para la Victoria en múltiples oportunidades.

En definitiva, resulta necesario dar cumplimiento pleno a la ley nacional de ética pública y eso requiere constituir un organismo que luche contra el nepotismo y los abusos de poder en todos los poderes del Estado y a pesar de cualquier circunstancia política.Y, a la luz de los acontecimientos recientes en Avellaneda, necesitamos una ley provincial de ética pública para evitar que se use al Gobierno para beneficiar a familiares y amigos a costa de los laburantes.

Yamil Santoro, exclusivo para Cadena BA. 8 de junio de 2017.

Abogado. Docente universitario. Dirigente político porteño de Cambiemos. Secretario de Formación de Unión en Libertad.




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