Al calor de las discusiones actuales sobre el conflicto docente, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, la elevación del tono del conflicto nos exige interrogarnos sobre sus términos controversiales. Preguntas complejas que ameritan rodeos necesarios para comprender el origen del conflicto y su actual posición dentro del escenario político actual.

No es novedoso para adultos con hijos en edad escolar que el problema de la educación se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Basta un poco de memoria para repasar acontecimientos fundantes desde el retorno a la democracia hasta acá: marcha blanca (1988), carpa blanca (1997-1999), paros de tres meses en siete provincias durante 2003, los diecisiete días de paro en 2014 en la provincia de Buenos Aires, por contar solo algunos.

Trataremos de ir despejando algunos de estos interrogantes a los efectos de facilitar la comprensión del estado actual de situación.

El origen del conflicto se plantea en momentos en que el Estado nacional, a través de su Ministerio de Educación y Deportes presidido por el ministro Esteban Bullrich, decide unilateralmente la suspensión de la Ley de Paritarias Nacional. En 2006 se promulga y reglamenta la ley de Financiamiento Educativo nº 26075/06. En su artículo 9 especifica: "Créase, en el ámbito del MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA, el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, cuyo objetivo será el contribuir a la compensación de las desigualdades en el salario inicial docente en aquellas provincias en las cuales se evalúe fehacientemente que, a pesar del esfuerzo financiero destinado al sector y de las mejoras de la eficiencia en la asignación de los recursos, no resulte posible superar dichas desigualdades.En la reglamentación de la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional, con la participación del Consejo Federal de Cultura y Educación, fijará criterios de asignación tendientes a compensar las desigualdades existentes entre las diferentes jurisdicciones mediante un porcentaje de los recursos determinados en el artículo 4° que se destinarán al Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, así como su operatoria y los requisitos que deberán cumplir las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acceder a los recursos."

Asimismo, en el artículo 10 de la misma ley se sostiene que "El MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente."

Estos dos artículos constituyen la génesis del problema debido a que el actual Ministerio de Educación y Deportes, al desconocerlo, delega a las provincias el pago de los salarios docentes, dejando a la intemperie a muchas provincias cuya desigualdad estructural les impide disponer de fondos suficientes para sostener el pago justo de los salarios de los educadores. El gobierno nacional, por esta ley, tiene la obligación de compensar esas desigualdades para que todos los docentes del país tengan un piso mínimo salarial que les permita vivir y trabajar con dignidad.Si bien también es cierto que, posteriormente a la definición de la paritaria nacional, cada provincia deberá pagar como mínimo ese piso salarial acordado y, en caso de no llegar, solicitar fondos a Nación (Fondo Nacional de Compensación Salarial Docente, ley 26075/06 art. 9).Desde el gobierno nacional afirman que no es obligatoria, mientras que los gremios docentes sostienen que el Estado nacional debe convocarla porque está obligado por ley. La Ley de Financiamiento Educativo en el artículo 10 origina la paritaria nacional docente y la ley 26.206/06 de Educación Nacional sostiene lo que se consagró en la norma de Financiamiento Educativo. 

En segundo lugar, la Paritaria Nacional Docente, tal como lo especifica la ley en su artículo 10º, no se compone solamente de la discusión sobre el salario. Dos elementos fundamentales de la ley forman parte del debate con el actual gobierno. Los mismos no están visibilizados. Estos son: las condiciones laborales y la carrera docente. Estos dos componentes atañen a un sinfín de variables que involucran una fuerte inversión desde el Ministerio de Educación Nacional: la creación de cargos docentes, la infraestructura de las escuelas, la construcción de nuevos establecimientos educativos en regiones y zonas donde no las hay, el mobiliario escolar, la salud laboral de los docentes, el equipamiento de las escuelas, la provisión de libros para las bibliotecas escolares, la jubilación docente, es decir, un largo etcétera en donde están incluidas inversiones que no forman parte de la mediatización del conflicto pero que sin embargo están en plena discusión en el ámbito paritario.

Una paritaria nacional apunta a generar cierta coordinación de políticas laborales educativas, de manera de generar un sentido de sistema educativo. La delegación a las provincias es una nueva forma de atentar contra la federalización del sistema en un intento de reactualizar la ley de Transferencia de los Servicios Educativos de 1992 promulgada por el gobierno neoliberal de Carlos Saúl Menem en el marco de un proceso de achicamiento del rol del Estado y de privatización encubierta de la educación pública.

A ello hay que sumarle la oleada de despidos en el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación desde diciembre de 2016 y todo lo que sigue del año 2017 hasta hoy. Hechos escasamente publicados por los medios de comunicación dominantes pero que han tenido una notable repercusión en las calles y en las redes sociales. El Ministerio de Educación y Deportes no solo despide a trabajadores (sin previo aviso, sin telegramas y sin diálogo siquiera verbal cara a cara sino mediante restricciones a los ingresos de los puestos de trabajo fijados en una lista que administraron los porteros de las oficinas donde estaban trabajando los educadores) sino que además recorta presupuesto dando de baja Planes y Programas Socioeducativos que tenían como finalidad la inclusión de niñxs y jóvenes de vastos sectores de la Argentina en situaciones de vulnerabilidad.

Las recientes declaraciones del presidente de la Nación en relación a los resultados del Programa de Evaluación de la Calidad Educativa 'Aprender' sobre que la ciudadanía argentina 'caía' en la educación pública cuando no tenía recursos para asistir a la educación privada, conformó una nueva suba de la vara confrontativa, provocando fuertes rechazos hacia el discurso presidencial al que se lo asocia a una falta de respeto a la dignidad de los trabajadores de la educación pública. Ello enojó no solo a los sindicatos, sino a los mismos educadores, incluyendo entre ellos, a votantes de la alianza Cambiemos. La respuesta no se dejó esperar en las redes sociales y se terminó de expresar contundentemente en la enorme movilización convocada por los cinco sindicatos nacionales el 22 de marzo próximo pasado con más de 400.000 docentes presentes en la Plaza de Mayo. El ministro Bullrich continuó alimentando el rechazo masivo al ratificar los dichos del presidente en un programa televisivo nocturno el mismo día de la Gran Marcha Federal Docente. Una provocación más absolutamente inoportuna e innecesaria.

En el plano de la provincia de Buenos Aires, la discusión alcanzó un elevado volumen tonal adquiriendo su máxima expresión en la concentración del debate entre la gobernadora y el dirigente gremial del SUTEBA, el sindicato con mayor cantidad de afiliados de la provincia, Roberto Baradel, quien sufrió reiteradas amenazas de muerte hacia su persona y su familia. 

El amedrantamiento se trasladó hacia los docentes cuando la decisión del gobierno provincial impulsó la presencia de inspectores del Ministerio de Trabajo en las escuelas (algo absolutamente fuera de la reglamentación vigente)a lo que se sumó el envío de agentes policiales solicitando a los directivos de las escuelas la lista de los docentes presentes y ausentes en los días de paro. Semejante atropello laboral hace difícil la posibilidad de sostener un diálogo paritario que se encamine a la resolución de un conflicto. 

A la vulneración de las condiciones de trabajo y los derechos amparados en la Constitución Nacional y Provincial y las leyes que rigen el sistema educativo nacional y provincial, debe añadirsela decisión de la gobernadora Vidal de ofrecer un 'incentivo a la presencia' de los educadores que - por motivos múltiples y respetables - habían decidido no adherir a las medidas de fuerza, violando tratados internacionales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la misma Constitución Nacional. No contento con ello, el gobierno continuó la escalada del conflicto solicitando públicamente a los gremialistas, que identifiquen su filiación partidaria, constituyendo una grave transgresión a la reserva de la identidad partidaria a la que todo ciudadano tiene derecho al tiempo que propició una 'macartización'  del diálogo en pleno conflicto. Pero hubo aún más. La gobernadora Vidal amenazó públicamente con quitar la personería gremial a todo sindicato que no acatara la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo provincial. Este hecho constituye una violación flagrante a la norma que rige el dictado de la conciliación obligatoria para la cual debe designarse un tribunal imparcial - es decir, una tercera parte que esté a-parte del conflicto -para que la conciliación no se convierta en una pulseada de poder de la que el gobierno abuse y proceda a quebrantar el fin de la conciliación que consiste en una mediación entre partes para determinar la prioridad de los derechos. El Ejecutivo no puede (y ello lo dice la misma Constitución Provincial, art. 39 inc. 4) dictar una conciliación obligatoria ante el mismo Estado (sí ante una empresa) porque es juez y parte en el conflicto.

En un intento inoportuno por mostrar su fortaleza, el gobierno provincial, realizó una convocatoria a un voluntariado docente a través de la plataforma virtual de la Dirección General de Cultura y Educación en la que se invitaba a la ciudadanía a suplir a los educadores en las escuelas durante los días de paro.

 

Voluntariado que iba a estar pago con los fondos de los salarios descontados a los que adhirieran a los paros decretados en el marco de la ley por los gremios docentes nacionales y provinciales. Esto aumentó el enojo no solo de los gremios, quienes vieron violentados los derechos de los trabajadores que representan, sino de los mismos docentes que, independientemente de su filiación sindical o simpatías ideológicas, entendieron que el gobierno de María Eugenia Vidal había incursionado por senderos muy escabrosos, manoseando su condición de trabajadores, algo que los mismos educadores no estaban dispuestos a tolerar.

Corre además, la avanzada del gobierno provincial sobre dos temas sensibles a la docencia: la armonización jubilatoria y la posibilidad de 'tocar' el estatuto docente. La idea de avanzar en un régimen que suba la edad jubilatoria y la reforma del régimen de licencias docentes, se propone en el marco del conflicto. Parece más bien una ofensiva descarnada que la idea de sentar las bases de un diálogo conciliador. El anuncio se hace no solo en el marco de la discusión sino sin el consenso de los gremios subiendo aún más el tono confrontativo de la disputa.

Una última medida del gobierno provincial avanza sobre los derechos de los trabajadores de la educación al emitir una resolución (346/17)también en el contexto del conflicto.La resolución impone la recuperación de los días de paro durante el receso invernal. Algo que hiere de cuajo la sensibilidad de los maestros y maestras, profesores y profesoras del ámbito bonaerense.

A esta altura, el creciente ascenso de la discusión ya no solo pone en riesgo la imagen tanto del sindicalismo como la del gobierno, sino que lo que está en cuestión es el estado de derecho mismo. La violación sistemática de la ley por parte del Estado, no solo afecta al diálogo debido entre las partes, sino - y fundamentalmente - a la posibilidad de encontrar canales legales para sostener ese diálogo. Si el Estado mismo desconoce la ley poco resta hablar del diálogo democrático.La apelación al enfrentamiento se coloca a una distancia difícil de acortar y ubica al gobierno en la compleja situación de'enfriar' la tensión generada accediendo a los reclamos justos, amparados en la ley que plantean los sindicatos.

Para finalizar, y como se puede ya concluir inductivamente, el conflicto alude a algo más que la mera discusión salarial. La serie de reclamos es heterogénea y se liga a la ampliación de derechos acumulados durante los años anteriores que ahora se observan visiblemente lesionados. Si bien como dijimos al comienzo, el problema de la educación tiene muchos años de conflicto, durante el año 2016 y lo que va del 2017, la situación docente vio disputado su sentido. Degradación salarial, disminución sustantiva de presupuesto educativo, suspensión de la formación docente en servicio, cierre de planes y programas socioeducativos, constituyen indicadores de una profunda transformación educativa con sentido regresivo. La culminación de este ensayo de parte del gobierno intentará reflejarse a través de un proyecto de ley que será próximamente ingresado al Congreso de la Nación cuyo borrador constituye un franco retroceso a un modelo de educación que los argentinos ya consideramos superado.

Resta mucho por hacer. La educación verá un nuevo amanecer si solo sí la voluntad unificada de la comunidad educativa comprende la gravedad de los hechos y se asume como parte en la lucha por una educación capaz de estar a la altura de las demandas sociales.

De lo contrario, la consecuencia 'caerá' en la deslegitimación de la educación pública.