El Gobierno nacional presentó el proyecto de ley de "Compre Argentino" con el fin de establecer una prioridad para productos, piezas o partes nacionales en las compras públicas. Se trata de una ampliación a la actual ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino". 

El proyecto de ley para ampliar las ventajas que las empresas locales tienen en las licitaciones de compras del Estado ayudará a la reactivación de la economía y la industrialización del país. Además, llega en un momento oportuno, con 16 meses de caídas consecutivas en las ventas minoristas y 18 en la producción de las pymes industriales. 

El impacto para las pymes puede ser muy fuerte si tenemos en cuenta que las compras públicas representan casi el 5% del Producto Interno Bruto (PIB), y que con el tipo de cambio atrasado y la inflación en alza, la estructura de costos de las empresas locales quedó muy alta frente a países del mundo que compiten con nuestras pymes en el mercado local. 

Como se recordará, la actual ley de "Compre Trabajo Argentino" vigente desde 2001 está prácticamente sin uso. La nueva normativa estipula dinamizarla y aumentar los márgenes de preferencia para la industria argentina. Hoy por ejemplo, si una empresa extranjera fija un precio en una licitación y una pyme local ofrece 7% más alto, se le debe dar prioridad a la empresa argentina (en el caso de una empresa grande el margen es 5%). Con la modificación, los márgenes de preferencia suben a 8% para las grandes y 12% para las pymes, más en línea con lo que sucede en el mundo, donde los márgenes promedian entre 8% y 13%, pero llegan a superar el 20% en algunos casos. A su vez, la normativa nueva estipula un mecanismo de compensación donde el 20% de los grandes contratos se deberá cubrir con empresas locales.

Si se aplicara la norma actual, en la Argentina hay un porcentaje muy alto de las compras públicas que podrían ser abastecidas por producción local. Así, con la ampliación de la preferencia a 12%, desde CAME estimamos que automáticamente al menos un 10% de las compras de bienes importados que realizan el conjunto de empresas y organismos públicos involucrados, podrían sustituirse por productos nacionales. Todo eso en el cortísimo plazo. 

El impacto a mediano y largo plazo será superior. El Estado tiene proyectos de inversión en infraestructura, transporte, energía, o minería por más de 200 mil millones de dólares para la próxima década, que pueden ser más que aprovechadas por miles de pymes proveedoras de esos sectores que hoy reúnen estándares de calidad y tecnología suficiente para abastecerlos.

Indudablemente que la nueva ley es una medida indispensable para consolidar el proceso de fortalecimiento de la industria local, para continuar promoviendo la creación de empleo de calidad en la pequeña y mediana industria (PYMI), para contribuir a impulsar la inversión productiva y promover empresas de alto valor agregado (la ley establece que para que un producto califique como nacional debe tener como mínimo el 60% de integración nacional). 

Pero especialmente muy necesaria en momentos en que la producción local registra fuertes tasas de caída y en muchos sectores las importaciones están desplazando al producto nacional.

La mayor actividad interna que eso generará permitirá la reactivación de la actividad, la creación de nuevos empleos inmediatos, y generará un efecto derrame contundente sobre el resto de los sectores de la economía. Solo hay que esperar que esta vez la ley se aplique, y la Oficina Nacional de Contrataciones reúna el equipamiento y capital humano necesario para asegurarse de ello. Y finalmente, no hay que olvidar que al menos el 40% de los contratos con las empresas locales vuelve al Estado en forma de impuestos. 

(*) Presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)

Nota de opinión publicada en Agencia Télam