Crisis política en la Rosada, "soluciones" desde Roma.

Una movilización masiva el pasado miércoles 10 de mayo fue la respuesta popular al fallo reaccionario de la Corte Suprema que pretendía abrir las puertas a los genocidas. A pesar del "operativo salvataje" (de los jueces y el Gobierno), que los diputados y senadores realizaron votando una ley express contra el fallo, las calles fueron de quienes lo repudiaron pidiendo cárcel común y efectiva para quienes cometieron delitos de lesa humanidad.

Los días posteriores, analistas políticos de todos los colores escribieron acerca de la crisis política abierta y sobre las responsabilidades de tal situación. Muchas fueron las especulaciones. Pero más allá del fallo de la Corte, hay que recordar que se llegó al mismo, luego de que el Gobierno protagonizara, en diversas oportunidades, la preparación política de un relato de "reconciliación". Impunidad para los pocos genocidas encarcelados, para quienes aún no fueron condenados, y para aquellos quienes nunca se sentaron en el banquillo de los acusados: los empresarios que orquestaron el golpe y siguen operando en el país.

Pero el operativo "reconciliación" no nace sólo en la Rosada. En Roma, Bergoglio opera a través de sus alfiles del Movimiento Evita, vía los Obispos y el ahora precandidato Florencio Randazzo para avanzar en el mismo sentido. Comparten con Cambiemos la votación en común para designar a dos de los jueces de la impunidad, y el operativo "ley express" para intentar cerrar la crisis política abierta después del fallo. Junto con que el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, abrió 113° Asamblea Plenaria de obispos con el anuncio de un debate "sobre los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar", para llegar a una "reconciliación".

Randazzo arranca la campaña de atrás, pero aprovecha el manto de la sotana, mientras el resto del peronismo se debate entre la acefalia y la parálisis. Desde el deslucido Massa, hasta Daniel Scioli, que hasta hace sólo dos semanas era el posible reemplazante de Cristina Fernández en las PASO. El escándalo personal visto por millones a través de los programas televisivos dedicados a espectáculos, dejó al descubierto su "doble moral". Un confesó opositor a que las mujeres conquisten el derecho a decidir sobre sus cuerpos (al igual que el Papa y la Iglesia), anunció que iba a ser padre junto a Gisela Berger, quien horas más tarde declaró que el ex Gobernador le habría pedido que aborte. Todo un escándalo. 

Pero aunque se encaminan hacia distintas listas ante las PASO, desde Cambiemos hasta el peronismo kirchnerista, todas estas formaciones políticas defienden la institución de la Corte Suprema, que quedó desprestigiada ante millones.

El kirchnerismo impulsa, a lo sumo, el juicio político a los jueces de la impunidad, pero no cuestiona cómo se eligen ni a quienes los eligieron (entre ellos los senadores del propio Frente para la Victoria). Quienes sostuvieron a Milani al frente del Ejército, quieren resolver la crisis, desgastando al Gobierno, pero renovando la Corte. Legisladores de Cambiemos y el peronismo, empiezan a debatir si la salida es la ampliación de sus miembros. Pero, de los precandidatos, sólo Nicolás del Caño del Frente de Izquierda realizó un cuestionamiento más radical: "La Corte Suprema es una casta vitalicia, privilegiada, que cobra sueldos 20 veces mayores a los de cualquier laburante. Basta de jueces puestos a dedo por el poder de turno. Que sean elegidos por el voto popular, revocables, y cobren como un trabajador", declaró.

Una propuesta que deja planteada una reflexión. La lucha contra la impunidad no se reduce al encarcelamiento de los militares genocidas. Las instituciones y partidos del régimen político, que sostienen la extranjerización de la economía y la rentabilidad empresaria de quienes lo orquestaron, jugaron un papel ineludible en la última dictadura, y tienen intereses comunes en llevar adelante una "reconciliación" con fumata blanca. Luchar contra la impunidad, es enfrentar esta realidad.