El 27 de abril se encontró el cuerpo de Araceli Fulles. Hasta esa fecha, abril se convertía en el mes de los 27 femicidios. Durante el último fin de semana, sucedieron otros dos: uno en Santiago del Estero, y otro en Salta.

El calendario de los femicidios de abril estremece. Una imagen, con el nombre de cada mujer asesinada se viralizó en las redes sociales. La trama de complicidad policial y judicial en el caso de Araceli, demostró la responsabilidad estatal, y causó mayor bronca. Ante la mirada de millones de mujeres, quedó al descubierto el rol del Estado, mientras el Gobierno nacional y de las provincias se niegan a tomar medidas.

Gran parte de las mujeres que terminan siendo asesinadas por su condición de mujer, tienen un vínculo previo con el femicida y, antes del hecho, atraviesan una situación de violencia. Allí el Estado es responsable, porque no está declarada la emergencia en violencia de género, ni se han tomado hasta el momento medidadas paliativas para que esas mujeres puedan salir de dicha situación.

En el Congreso nacional están cajoneados decenas de proyectos para que se abra el debate sobre cómo enfrentar la problemática. Entre ellos se encuentra, el redactado por los integrantes del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Myriam Bregman, que prevé la creación de un plan integral contra la violencia hacia las mujeres. Plan que se podría crear atacando las ganancias de los capitalistas. Porque la vida de las mujeres valen más que sus ganancias.

En el caso de Araceli Fulles, la responsabilidad estatal queda en evidencia en el accionar de la justicia y su complicidad con la Policía Bonaerense para garantizar impunidad al femicida. Pero no es un caso aislado, detrás de los grandes delitos, como la trata de mujeres, también se encuentra la misma fuerza estatal, en connivencia con funcionarios judiciales y políticos que comparten las tajadas de sus negocios.

En la provincia de Buenos Aires ésta realidad no es nueva. Mientras gobiernos como los de Scioli, y ahora María Eugenia Vidal, toman decisiones para abarrotar las calles de políticas bonaerenses y elevan los presupuestos provinciales, encubren que desde la misma fuerza se organiza la industria de los grandes delitos.

Que el movimiento #NiUnaMenos exija justicia por Araceli, es un paso para que las mujeres cuestionemos la responsabilidad del conjunto del Estado en el flagelo social de los femicidios. Así como los responsables políticos que lo sostienen, y dan fundamento a la necesidad de construir un movimiento de mujeres independientes de aquellos que fortalecen a las mismas instituciones responsable de este abril.