¿Qué poder tiene la Iglesia hoy, en pleno Siglo XXI en nuestro país? Si estuviera haciendo esta pregunta entre amigos tomando un café en la confitería al lado del Congreso me dirían, entre risas, que ya D10S y el Papa son argentinos. Ni con esa ventaja parece que salimos adelante. Pero dejando de lado los chistes de salón, hoy la Iglesia está mucho más instalada en la política que lo que debería. Veamos por qué.

En plena Semana Santa, charlando con una amiga me asegura que los milennials ya no son tan proclives a adoptar el mensaje cristiano al pie de la letra. La Iglesia tiene fecha de vencimiento con las nuevas generaciones, sostiene mi amiga mientras ceba un mate amargo en su casa de Balvanera, Buenos Aires.

Pero más allá de lo que pase en unos años, hoy la Iglesia y el Estado tienen una relación carnal, empezando por el artículo 2 de la Constitución Nacional: El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano.

Heredado de nuestra conquista española, los argentinos seguimos financiando la iglesia con fondos estatales. Y como ya a esta altura de la vida sabemos, al Estado los financiamos entre todos, incluso (y sobre todo) personas con tradición judía, ortodoxos, ateos, agnósticos, musulmanes, evangelistas, mormones… Bueno, se entendió el punto. ¿Es justo?

Si bien el Estado es uno de los tantos canales por los cuales la iglesia se financia, no es éticamente correcto que este canal financiero siga inyectando millones de pesos a una institución religiosa en particular.

El Pocho fue el encargado, durante su primer gobierno, de hacer obligatorio en las escuelas públicas la enseñanza católica además de subsidiar a los docentes de escuelas religiosas. Por supuesto, volvemos al punto anterior. Además de sumar un punto más al gasto público (el gasto público se volvió record absoluto durante el fin de la primer presidencia de Perón), se estableció como política de Estado que la iglesia sea sostenida económicamente desde el poder público.

El asunto empeoró con la llegada de los militares y la sanción de leyes que terminaron de sellar con fuego una alianza que hasta el día de hoy continúa vigente:

·         Ley 22.162:Otorgamos a los Curas Párrocos o Vicarios Ecónomos de Parroquias situadas en Zonas de Frontera una asignación mensual. Y no contento con esto, agrega que los recursos que el cumplimiento de esta ley demande se tomarán de las Rentas Generales.¿No suena muy medio evo esto?

·         Ley 21.950: Premiamos con una asignación mensual a los Arzobispos y Obispos con jurisdicción sobre Arquidiócesis, Diócesis, Prelaturas, Eparquías y Exarcados del Culto Católico Apostólico Romano.

·         Ley 21.540: se le otorga a los Arzobispos y Obispos con jurisdicción sobre Arquidiócesis, Diócesis, Prelaturas  o Exarcados del Culto Católico Apostólico Romano, y el Vicario Castrense para las Fuerzas Armadas otra asignación mensual cuando cesen en sus cargos por cuestiones de edad o invalidez. Esta asignación mensual es una jubilación de privilegio.

·         Ley 22.950: el gobierno nacional se compromete a dar otra asignación mensual a los clérigos que contribuyan a la enseñanza en los Seminarios Mayores.

·         Decreto 1.991/80: les pagamos los pasajes para cuando viajan al exterior y dentro del territorio de Argentina.

Por si esto fuera poco, existe en nuestro país un ministerio dedicado al culto: El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC). La Secretaría de Culto de la Nación es el área de gobierno que se encarga de entender en las relaciones entre las diversas comunidades de fe existentes en el territorio argentino y el Estado Nacional. ¿No sería más justo que esta secretaría ni existiera y se dejara a las personas profesar la fe que más les guste sin privilegios de unos sobre otros?

Obviamente, a raíz de lo antes mencionado dentro de dicha secretaría se expresa la Dirección General de Culto Católico. A ella le compete actividades como:Proponer y ejecutar políticas, planes y programas operativos destinados a la aplicación de los acuerdos suscriptos entre la República Argentina y la Santa Sede; proponer el proyecto de presupuesto anual para el sostenimiento del culto católico e intervenir en su ejecución; intervenir en el otorgamiento y pago de los beneficios establecidos por las leyes 21.540; 21.950; 22.162; 22.430; 22.950 y normas complementarias, entre otras.

La Fe en números

El presupuesto para este año destinado a la Secretaría de Culto asciende a $169.780.833. Y, de este total, se subsidia financieramente a 140 arzobispos/obispos,640 sacerdotes y 1.200 seminaristas.

Además, por si esto fuera poco, se destinarán cerca de $100 millones más a la restauración de iglesias y basílicas. Por supuesto, a todo esto hay que sumarle los beneficios indirectos como exenciones impositivos, donaciones de terrenos…

Estoy segura de que existen millones de argentinos que, a cambio de una reducción de impuestos derivado de un menor gasto público si esto se disolviera, podrían sostener ellos mismos desde sus propios bolsillos al culto católico (o a cualquier otro para el caso).

Un estado moderno, es un estado laico.