Discutir la baja de la imputabilidad (actual ley 22.278) de 16 a 14 años como solución de la inseguridad es una "patraña", porque los menores que delinquen no llegan a ser el 10% del total de crímenes, pero no discutirlo ni modificar la ley vigente es una inmoralidad, porque en el régimen actual no se discute si el menor sindicado cometió o no algún delito, sino que ante la simple suposición, el o los menores señalados quedan a disposición y árbitro de los jueces, los cuáles, muchas veces, encierran a éstos menores condenándolos sin derecho a defensa.

Hace casi dos décadas que nuestro país se sumergió en la inseguridad, la violencia y el crimen. Así lo demuestran los preocupantes índices de criminalidad y delito, además de los espacios de policiales en los distintos medios de comunicación. Este proceso de degradación social fue directamente proporcional a las crisis socio-económicas que vivimos en la Argentina, pero a pesar de haber vivido un repunte socioeconómico en los últimos años, la violencia delincuencial no ha dejado de aumentar, dejando altos índices de homicidios y lesiones en robos.

El pasado jueves 23 de febrero en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se llevó a cabo la última reunión de la comisión organizada para debatir ésta problemática particular y llegaron a la conclusión de no bajar a 14 años la imputabilidad, pero desde el mismo Ministerio y a menos de 24 horas, se informó que se presentará el proyecto de ley con la imputabilidad a partir de los 14 años.

Lo que está en discusión es la criminalización de los menores y las "condenas" o "penas" que se debe aplicar sobre los mismos, llegado el caso que se les pruebe haber cometido alguna falta tipificada en el Código Penal.

El punto álgido es el encierro de estos menores, una práctica ineficiente que lleva cientos de años demostrando su ineficacia, porque quitar a un menor de su hábitat violento y encerrarlo en otro hábitat infestado de odio y resentimiento, no reinserta ni recupera nuevos ciudadanos al darles la libertad, sino que por el contrario devuelve jóvenes sin oportunidades y con mayor resentimiento.

El debate por la baja o no baja de la imputabilidad nos da la oportunidad como parte del Estado de mirar hacia el futuro, dejar los resentimientos y las broncas que dan sed de venganza hacia quienes nunca han tenido una oportunidad, y nos obliga a preguntarnos: ¿qué queremos para esos jóvenes que nacen cada día en la violencia de vivir al día, de no saber si van a comer pasado mañana?; ¿qué deseamos que produzcan mañana en nuestro país? y dotarlos de las herramientas y oportunidades con las que hoy no cuentan.

Si no pensamos y construimos una sociedad diferente; si no generamos bienestar para millones de jóvenes que son condenados desde la cuna a las inequidades, a un abismo social, a la violencia de la supervivencia en pleno Siglo XXI, seguiremos sumergiendo a nuestros hijos y nietos a la inseguridad y la violencia. El futuro depende de lo que decidan nuestros representantes con sus leyes en el presente.