No hace tanto tiempo surgieron números que dicen que en la región de La Plata hay cerca de un 20 % de la población que no tiene energía eléctrica, o si tiene, en muchos casos son o han sido mediciones comunitarias o directamente conexiones precarias. Con los aumentos tarifarios en los servicios públicos hubo funcionarios gubernamentales que dijeron que a los que menos tienen, estos aumentos no los afecta porque están conectados irregularmente. También en estos días escuché a algún legislador decir, que los usuarios no se preocupan por el costo de la tarifa, mientras el servicio funcione.

Cualquiera que busque frases parecidas sabrá quienes han sido los autores de dichas apreciaciones. No es el objetivo cuestionarlas en esta columna aunque nos parecen equivocadas. Ideas como estas se encuentran arraigadas en sectores de la comunidad y sería bueno interpelarlos desde este espacio.

En el año 2016 hubo aumentos tarifarios desmedidos de los servicios públicos y si bien es cierto que muchos usuarios pagan, debería analizarse como han quedado muchos ciudadanos - usuarios del servicio en relación a cuanto deben pagar para tener un recurso energético o incluso para tener agua. Lo cierto es que se ha decidido restringir ilegalmente la garantía universal de acceso a los servicios esenciales, por el criterio económico que excluye al que no puede pagar. Lo legal y justo, devendría primero en que el servicio llegue a todos y en tal caso determinar quiénes y cuanto se puede o se debe pagar por un servicio público.

Pero de los usuarios que pueden o tratan de pagar se ha hablado mucho, poco hemos escuchado de los excluidos, de los que están precariamente conectados a las redes o directamente no lo están. ¿Cuál es la propuesta para garantizar el derecho al acceso universal del usuario del que se llenan hablando fallos, resoluciones y marcos regulatorios?

En estos tiempos de aumentos y de fortalecimiento financiero de las empresas de servicios públicos no hubo una sola palabra sobre ello. Es como si se dijera que el que paga tiene servicio y el otro queda afuera.

En este 2017, en recorridas barriales y conversando con usuarios que están fuera de la red de los servicios públicos, hemos escuchado un cambio en sus preocupaciones respecto de estos. Hace tiempo atrás la preocupación de los usuarios era como sumarse a las redes de servicios públicos, porque veían su costo y podían pagarlos. Y si bien existían programas de tarifa social, pedían acceder al servicio sin ellos. La preocupación se centraba en cómo adaptar su vivienda, las instalaciones, el matriculado y como pagar estos costos. Lo que si estaba seguro ese usuario era que podía pagar la tarifa de luz y agua. Es decir según sus ingresos pagar los servicios domiciliarios era posible. El acceso era factible, había una expectativa alcanzable, un derecho materializándose.

Hoy eso se ve cada vez más lejano. En una reunión vecinal en estos días en Villa Elvira, La Plata, me volvieron a plantear exactamente ello. La preocupación estaba centrada allí. Comentaban, "antes íbamos a la empresa y le pedíamos el servicio y el argumento era que teníamos que acondicionar las viviendas pero también nos decían que tenían que hacer inversiones". Hoy este mismo colectivo de usuarios no pueden evaluar esa posibilidad, hoy no pueden pagar la factura.

Pobreza, indigencia y excluidos energéticos:

En 2016 se habló de pobreza energética, como realidad en la cual muchos usuarios caen a partir que el porcentaje para acceder al recurso energético afecte una parte sustancial de sus ingresos (se dice un 10 o 15 %), pero la pelea por el aumento nos quitó la vista, como sociedad, por los que descienden aún más y caen debajo de la línea de indigencia energética o directamente quedan despojados de la calidad de usuarios

Si hay una línea de pobreza energética, que se encuentran los que hacen equilibrio día a día, hay de indigencia que llegan aquellos que si pagan no comen todos los días, y también están los excluidos que decididamente optaron por buscar alternativas al servicio público regular.

De ellos no se habla, y lo peor con cada aumento de tarifas están más lejos de alcanzar ese derecho. No hay propuestas de las empresas, ni exigencia de las autoridades.

En la columna anterior, "como frenar los aumentos", nos expresamos sobre esto. Y dijimos que los servicios públicos domiciliarios de luz, gas y sanitario (cloaca y agua potable), hacen a la seguridad y a la salubridad de los que viven en cada hogar. Cuando escuchamos que hay determinadas enfermedades en algunas zonas que no tienen servicios, o cuando escuchamos que se incendian hogares sin saber las causas (al menos en el reporte periodístico) muchas veces hay que buscarlas en la falta o precarización de los servicios públicos domiciliarios. Cuantas menos familias accedan a ello los riesgos se incrementarán. Por ello es la importancia de una tarifa accesible para lograr un servicio universal. De lo contrario hay universalidad del servicio para todos los que pagan. En tal caso tenemos una comunidad de usuarios y no de ciudadanos.

En tema servicios, como en tantos otros, no podemos caer en que el que puede tiene y el que no, no tiene.

Con las empresas con sus arcas llenas, sin justificativo aparente para no hacer inversiones, existe la oportunidad para hallar una solución para que tantas personas alcanzasen el derecho postergado de acceder al servicio.

Acceder al servicio sanitario y/o energético que hacen a una vivienda digna, para la vida digna de nosotros como personas, es un derecho humano. Con los aumentos tarifarios lo que para muchos era un derecho en expectativa el acceder a la luz, agua y gas se ha convertido en una realidad imposible, un lujo y una injusticia frente a una necesidad.

(*) Roberto Daoud, exclusivo para Cadena BA. 17/02/2017