Cuando hablamos de seguridad, hablamos de dos patas fundamentales: prevención y control. Una sociedad segura es aquella donde no hay delitos, los derechos de todos son respetados por todos y el Estado controla plenamente que eso se cumpla. Pero vivimos en otra realidad, en una realidad donde la sociedad vive insegura, con candados, rejas, alarmas y medidas que frenan las voluntades de delincuentes que se hacen de los bienes ajenos para garantizar su propia subsistencia y progreso.

El flagelo de la inseguridad es muy complejo, con su principal eje en la desigualdad y la ausencia de oportunidades para millones de personas y con un Estado ausente que no resuelve las dificultades sociales ni aplica debidamente las normas, permitiendo la permeabilidad del delito y su proliferación.

Las consecuencias de esta triste ecuación social, son las víctimas de la desigualdad, los pobres, y las de la delincuencia, entre las que se encuentran los que pierden su patrimonio, su salud o la vida en manos de delincuentes. Pero también lo son los propios victimarios capturados, ya que estos últimos caen en un sistema judicial-penitenciario vetusto, altamente ineficiente, que no brinda nuevas oportunidades de vida, sino que termina convirtiéndose en un amplificador de odio y resentimiento hacia la sociedad que allí los encierra, aumentando de esta manera la desigualdad que los condujo a delinquir.

La mayoría de los presos y procesados argentinos tienen una característica común: son pobres. Esto no quiere decir que sólo los pobres cometen delitos, sino que ellos no tienen la posibilidad de pagar a los mejores abogados o gozar de muchas de las morigeraciones que existen en el sistema punitorio, motivo por el cual terminan hacinados dentro de las cárceles provinciales y federales.

Éste indiscutible dato sobre la condición socio económica de los ciudadanos que se encuentran privados de la libertad, nos muestra que no han tenido oportunidad de alimentarse, educarse y conseguir un trabajo digno, cómo si han tenido la mayoría de los ciudadanos. Sometidos primeramente a la exclusión social, recaen en una nueva exclusión, siendo condenados a pelear literalmente por sus vidas cada día, en condiciones de subsistencia inhumana.

Tenemos el problema de la pobreza, también el de la delincuencia y la violencia, pero a pesar de su clara identificación, en varias décadas quiénes nos han gobernado no han resuelto ninguno de los dos y la única respuesta ha sido encarcelar, sin generar para los delincuentes pobres una oportunidad real, para que al reinsertarse en la sociedad busquen nuevas formas de sustento y progreso.

La incapacidad de los gobernantes ha castigado a toda la sociedad, y a los delincuentes condenados por partida doble. No se veló por ellos a temprana edad para prevenir, y tampoco se les brinda un futuro de nuevas oportunidades al encerrarlos dentro del sistema carcelario vigente.

Es necesario construir un inmediato debate sobre un nuevo sistema penitenciario, capaz de remplazar en un período de 10 o 15 años al actual, permitiendo que quienes penen por haber cometido delitos, tengan oportunidades reales de estudio y trabajo, con tratos humanos que reviertan el odio y la violencia hacia el resto de la sociedad.

El Gobierno debe trabajar con urgencia y cambiar los sistemas ineficientes de seguridad y justicia, porque nuestra sociedad no puede seguir esperando, ya que hay cientos de vidas pérdidas cada año perdido en manos de la delincuencia y la desidia estatal.