Pareciera que ya nadie discute si los aumentos de precios de bienes y tarifas de los servicios públicos corresponden o no. Hay una opinión instalada, impuesta y generalizada que los bienes y servicios necesitaban ser aumentados, normalizados, transparentados, y todo otro eufemismo que se les ocurra para justificar un aumento que a esta altura desde el punto de vista del consumidor y del usuario resulta desmedido, injusto, arbitrario y lo más grave, para muchos impagable.

En enero 2017 nos hemos anoticiado, de aumentos de peajes, prepagas, combustibles, servicios en general, sumados a las subas que se vieron en los lugares turísticos y a los que se produjeron a lo largo de todo el 2016, considerado el año de mayor inflación de los últimos 14.

En 2016 la batalla mediática y judicial por los aumentos dejo derrotas y algunas victorias pírricas. Los proveedores de bienes y productos se despacharon con aumentos sin mucho control recibiendo como resultado una merma en el consumo. El gobierno pudo imponer sus aumentos en los servicios públicos, pero a un costo político altísimo. Las empresas de servicios públicos recibieron una transferencia de recursos sin precedentes en los últimos años pero siguen profundizando su mala imagen luego de un verano donde el mal servicio es la moneda corriente. Finalmente, el más golpeado, el ciudadano, consumidor o usuario, que recibió el mayor aumento de los últimos 14 años en la canasta alimentaria, solo en el tema servicios públicos pudo detener y bajar en algo la impronta del aumento, mediante resistencia publica y judicial, aunque finalmente las tarifas de los servicios públicos alcanzaron números sin precedentes aun cuando los mismos siguen siendo nefastos en su eficiencia.

Hoy se imponen nuevos aumentos en las tarifas del servicio eléctrico, como si no hubiese habido recientemente. Casi sin despeinarnos hablamos de porcentajes altísimos que van hasta el 150% para las distribuidoras nacionales y el 80% según algunas estimaciones será para las provinciales (EDELAP, EDEN EDEA EDES y las cooperativas eléctricas)

Con ello, innumerable cantidad de usuarios quedarán fuera del sistema eléctrico o caerán bajo la línea de pobreza energética. Consumada la autorizaciónde los nuevos aumentos en Nación y en semanas en la Provincia, deberían materializarseal menos con una auditoría en la mano. Viendo cual fue el rol de las empresas en los últimos 10 años y exigiendo prestaciones por el aumento concedido y la condonación de19 mil millones de pesos de los últimos 12 meses. Antes de otorgar un nuevo aumento, el cual de por si es excesivo, al menos deberían preguntar, ¿Qué cambio a favor de los usuariosque justifique otro premio a las empresas?,¿Hubo un servicio más acorde a las necesidades, inclusivo y regular? ¿Qué se hizo para aquellos usuarios que no pueden acceder al servicio regular?, ¿Cuál es la propuesta para los sectores excluidos de la energía?.Hubo tantos cortes como los había y tan poca respuesta como nunca ocurrió. Pero las empresas nada dicen, las empresas no hablan.

¿Es legítimo el aumento?

Ni el poder judicial podría decirlo, ni quiere que se lo hagan decir. Hace mucho que parte del poder judicial aplica la ley según convenga a los poderosos sin pensar siquiera en el valor de la seguridad jurídica. Ante lo ocurrido en 2016, con aumentos que solo beneficiaron a las empresas de servicios públicos, donde cada día es más difícil pagar las facturas y donde según fuentes oficiales para este 2017 se prevé paritarias con tope del 18% ¿Es legítimo un aumento que va entre 60 y 150%? Claro que no.¿Es razonable aumentar sin ver la situación social de los supuestos beneficiados por el servicio e incluso aumentar la tarifa social un 35% con el contexto descripto? No.

¿Que pasara con los comercios y PYMES? ¿Cuantas Pymes deberán cerrar sus persianas? ¿Quién se beneficia con eso? Los mayores costos ¿quién los afrontará? ¿Hacia dónde irán dirigidos?Esos interrogantes concluyen que habrá mayores aumentos de precios ymenos personas con trabajo. Si hay menos PYMES habrá menos actores genuinos en el mercado, concentrándose la formación de precios en pocas manos, resultando más fácil su distorsión, en claro perjuicio para el consumidor.

Caminos a seguir

Claramente no somos los usuarios quienes podamos estar judicializando todo cada vez que hay un aumento, ni siquiera es la única función de los organismos tuitivos. Tampoco puede sostenerse que sea la respuesta callejera el camino para que esto pare. Pero si el bolsillo se vacía en los primeros días del mes, seguramente será una alternativa.

Debe considerarse la situación de los usuarios que por no poder pagar podrían pretender sacarlos del sistema. Recordando que la irregularidad del servicio eléctrico, además de generar indignidad por su ausencia, promueve precariedad en la vivienda generando inseguridad a sus ocupantes, y por onda expansiva a la comunidad. Por ello la asistencia y/o tarifa social tienen que estar al alcance del usuario que no puede pagar, garantizando el sistema la no interrupción del servicio, en tanto el acceso al mismo es un derecho inalienable.

Debemos tener que decidir como sociedad, hacer rentable a la empresa o hacer sustentable el servicio y eso es una elección política. La sustentabilidad principalmente estádada por un servicio público que incluya, que sea universal, accesible y razonable a los ingresos.

El año pasado, las asociaciones de consumidores, propusimos medidas de fuerza, hicimos difusión de derechos, reclamamos administrativamente y demandamos judicialmente, pero no fue suficiente.

Somos personas, somos ciudadanos, somos trabajadores, somos consumidores, en la medida que, en cada instancia podamos desarrollarnos como tales. Si no accedo a bienes esenciales no puedo ser consumidor o usuario, si no gano lo suficiente para ello el trabajo ya no es digno, si mis representantes no ven que mis necesidades son un derecho soy cada día menos ciudadano, y si no reconocemos todo lo anterior mi dignidad como persona cada vez se deteriora más.

Las asociaciones de usuarios en su mayoría rechazamos los aumentos propuestos en los servicios públicos, nos oponemos a la escalada de precios y solicitamos la aplicación de normativas que lo frenen. Tantas otras organizaciones sociales así lo han hecho, y también parte del movimiento sindical. Nadie duda que puede seguir habiendo aumentos sin frenos, o sin recomponer debidamente la escala salarial.Será tarea nuestra como ciudadanos exigir a nuestros representantes sociales, sindicales y políticos que exijan tope, frenos y recomposición salarial acorde. Si ello no es suficiente, tendremos la oportunidad inmejorable en año electoral, de aprobar o desaprobar, renovar o ratificar las políticas implementadas y las personas en las urnas.

(*) Roberto Daoud, exclusivo para Cadena BA. 04/02/2017