En 2016, ¿cuál ha sido el aumento de los bienes y servicios esenciales?, ¿cuánto aumentaron los alimentos, la vestimenta, la vivienda, los medicamentos, los servicios públicos, el servicio privado de salud, o el educativo?, ¿cuánto se necesitó para vivir en 2016 y cuanto se necesitará para afrontar 2017?, ¿se pueden frenar los aumentos?, ¿quién manda, el Mercado o la Ley?. Esta información no solo nos resulta necesaria como usuarios, sino que representa un derecho, siendo una facultad indelegable del Estado garantizar el acceso a la información pero también a los bienes esenciales, ya sean sociales, esenciales o no.

Una sociedad que adquiere

Pensar una sociedad, o una vida ajena a la adquisición de productos, parece distante de la realidad. Vivimos atravesado por ello en algunos casos siendo indispensable y en otros no tanto. Ha dicho recientemente el autor del concepto de modernidad liquida, Zigmunt Bauman, que, "en el mundo actual todas las ideas de felicidad acaban en una tienda", lo que lleva a la pregunta si en estos tiempos, ¿no es parte de la dignidad de una persona la que acaba en una tienda?. Los alimentos, la vestimenta y la vivienda ni qué dudarlo, pero también, los medicamentos, la salud y la educación privada, se manejan próximas a las reglas del mercado, y el acceso a sus bienes, que hacen a la dignidad de la persona, terminan siendo parte de una negociación en una tienda ante la ausencia del Estado.

La imposibilidad de acceder a determinados bienes afecta nuestro bienestar general que hace a nuestra dignidad. Saber sobre sus costos, precios, tarifas, aranceles o cuotas que tengamos que abonar es una prerrogativa como ciudadano. Controlar, regular y garantizar el acceso a aquellos es una obligación del Estado.

Datos 2016

Ha sido el año de mayores subas generalizada de precios de los últimos 25 años. Frente a los salarios cada vez más empobrecidos estudios como el de CYSA, expresan que se requiere un poco más de $27000 para poder vivir en CABA. El INDEC en agosto señalóque se necesitan $12.489 para no caer en la pobreza, limite muy ajustado entre el salario básico y el que se necesita para llenar la canasta.

En el año los medicamentos, los alimentos en general, la carne, el acetite, los lácteos y sus derivados, el pan, los productos de verdulerías aumentaron a valores fuera de lo común. La vestimenta, los accesorios para una vivienda, los electrodomésticos también se sumaron a ese listado. Hubo casos emblemáticos como la carne que aumento (promedio) en un año 44,5 %, o los medicamentos más utilizados por jubilados alcanzaron un promedio de 75 % y en su totalidad llegaron a un promedio del 59 %. Conflictos como el del aceite que alcanzo en un año el 160% y requirió fijarse un tope de aumento a través de un acuerdo, fueron parte del debate nacional. Sumado a ello el más de 400% en los servicios públicos o los pedidos de subas de aranceles de salud y educación privada para el año entrante.

Prudentes frenos

Frente a los precios que aumentan y sin mucho control ni regulación de las cadenas de comercialización que a simple vista aparecen infladas  y ante las predicciones que preocupan para el año entrante, ¿hay con que darle?, ¿no resulta importante saber si lo que se paga de alimentos, vivienda, vestimenta u otros bienes o servicios que hacen al bienestar general  no deben valer menos?, ¿hay herramientas para ello?.

En el año 2014 se sancionaron dos normativas que vienen a dar alguna respuesta sobre esto, las leyes 26991 de Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo y la 26992 que crea el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios. Este último es un organismo técnico que tiene por objeto monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en el territorio de la Nación.

La otra ley modificatoria de la vieja ley de abastecimiento, prevé la posibilidad de intervención del Estado ante las distorsiones que se produzca en los procesos productivos y en las cadenas de comercialización, estableciendo sanciones en los casos que se eleven artificial o injustificadamente los precios, o se obtengan ganancias abusivas, para los casos que se intermedie innecesariamente, o se creen artificialmente etapas de la distribución y comercialización o cuando se realicen actos que tiendan a hacer escasear la producción venta o transporte de mercaderías o bienes. La ley rige para procesos que involucre a la sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte, esparcimiento y cualquier otro bien o servicio que satisfaga, necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población.

Estas dos leyes son parte de la garantía del acceso a bienes indispensables para las personas. Si bien se ha oído algo sobre la conformación del Observatorio de Precios, la otra norma pareciera no encontrarse dentro de las consideraciones de las políticas de Estado.

Se requiere de políticas públicas que nos garantice el acceso a bienes que hacen a nuestro bienestar general, el controlar y frenar escalada de precios en parte contribuye con esa tarea. Los frenos existen, y el que conduce debe tener la prudencia de utilizarlos.

(*) Roberto Daoud, exclusivo para Cadena BA. 30/12/2016