Al ser consultada sobre el proyecto de la nueva ley penal juvenil que el Gobierno de Cambiemos pretende instaurar, la abogada e integrante de CORREPI, María del Cármen Verdú, aseguró, que "no sorprende demasiado, porque cuando se dan simultaneamente dos circunstancias: que haya algún caso resonante con intervención de una persona menor de 18 años, como el caso de Flores, y cuando además es un año electoral lo primero que empiezan a florecer en la Argentina son este tipo de proyectos. Ha pasado sistemáticamente por lo menos en los últimos 20 años".

"Lo que tenemos hoy es una ley de 1980 que ha tenido varios retoques posteriores que simplemente establece como debe ser juzgado un menor de edad, no hay un régimen penal juvenil integral como el de la Provincia de Buenos Aires, o el que hay en otros distritos del país" afirmó Verdú en una amplia entrevista por Radio "Del Plata", en el programa "La Vuelta de Zloto". 

"Por supuesto que tener todavía hoy reglamentada la forma en que debe ser juzgado un chico menor de 16 años por una ley que data de la época de la dictadura de 1980 está mal. Lo que no es cierto es que reformando e instaurando, como hace ya varios años en la Provincia, el régimen penal juvenil vayamos a solucionar alguno de los dos problemas desde una visión más progresista o reaccionaria. Por un lado, en el primer caso la situación de los pibes que entran en contacto con el mundo judicial por algún tipo de delito que se les imputa y del que son responsables o no; o la cuestión de la llamada seguridad sobre ´¿que hacemos con los jóvenes?´ que decimos ´encerrémoslos y tiremos las llaves´" aseguró. 

Asimismo, afirmó que "no es un tema que se pueda resolver modificando un artículo de una Ley. Es una de las tantas cosas como toda la cuestión carcelaria como el sistema procesal en su conjunto en el ámbito penal que no va a tener una solución radical mientras lo que no repensemos sea la forma de sociedad en la que vivimos".

Institutos de Menores y condenas

Ante la pregunta sobre el destino del presunto asesino de Brian, el adolescente de 15 años que murió en Flores producto de un disparo en la cabeza a manos de otro adolescente, Verdú aseguró que "el juez o el tribunal oral, cuando se trata de un delito, tiene que fijar una escala, por ejemplo en homicidio de 8 a 25. Es la misma escala para los menores, en este caso la condena específica dependerá de un montón de factores, objetivos y subjetivos". 

También afirmó que "las circunstancias del caso indican que hay pocas posibilidades de que quede en libertad".

"La gran falacia que muchos de los medios de comunicación quieren imponer es el discurso, insisto, falso, de que sí tenes menos de 16 años tenes una licencia para matar, porque automáticamente mostras el DNI y vas a la calle. Sí el chico tiene 16 años o más va a ser juzgado como cualquiera, sólo que por un tribunal de menores en lugar de por un tribunal de mayores, y hasta que cumpla los 18 va a estar en uno de estos Institutos, en condiciones de habitabilidad a veces peores que las cárceles" afirmó. Además, sostuvo que "basta entrar a ese tipo de lugares para darse cuenta que nadie puede reflexionar ´que mal que estuvo lo que hice´.

"Salen peor que cuando entraron: salen abusados, violados, adictos si no lo eran, y sí lo eran, más adictos todavía".

 Respecto a los menores de 16 años, aseguró que "la situación es todavía peor", porque "ese chico de 13, 14 o 15, aunque no es imputable, está sometido a un régimen por el cual el juzgado que interviene (de menores en el caso nacional, o juzgado de régimen penal juvenil en el caso de la Provincia) tienen una segunda tarea, que era la vieja tarea tutelar en aquella vieja ley 10903, que es la que le impone al juez de verificar que ese chico tenga sus necesidades materiales y morales cumplidas, que tenga una familia contenedora, que vaya a la escuela, que no viva en un medio ambiente dañino para el desarrollo de la persona".

Además, sostuvo que "eso es apreciado subjetivamente por el equipo interdisciplinario que interviene y por el propio poder judicial que determina entonces si ese chico es devuelto a un familiar, no necesariamente la familia de origen"  y que  hay "centenares de chicos que no están acusados de delito alguno y están presos".

Consultada sobre su solución para con los menores de 16 años que hayan asesinado, aseguró que lo ideal sería "darle un medioambiente donde pueda generar, en caso de determinarse que fue responsable de esa muerte,la posibilidad de desarrollarse y de terminar su crecimiento, porque es una persona en formación".

"En Inglaterra, por ejemplo, un chico de 10 años es juzgado como un adulto y condenado a 20 o 30 años de prisión, lo cual es una aberración total, porque estamos hablando de personas en desarrollo, a las que les estamos diciendo desde el propio derecho civil que no tienen capacidad de decisión para casarse, o  para celebrar un contrato de compraventa, o de irse a vivir a otro país, o entrar al clero o las fuerzas armadas, pero sí tienen capacidad para ser juzgados como un mayor de edad" comparó.

Policía, abusos de poder y casos de gatillos fáciles de menores

Respecto al abuso de poder de la policía con los menores en los barrios humildes y las villas, la abogada sostiene que "es una constante", y que "en lugar de ir a un Instituto de Menores hay que ir al barrio y preguntarle a los vecinos  todos los soldaditos que vemos formados en la entrada de las villas y los barrios más vulnerables pegando el chiflidos para avisar al dealer o al transa que está entrando alguno a comprar droga, son reclutados por estas organizaciones en las que las fuerzas de seguridad tienen un rol central". 

"Tenemos lamentablemente muchísimos ejemplos para probarlo. Así como el crímen organizado es directamente dirigido por el aparato represivo estatal, es también todo el aparato de seguridad el que explota el crímen del chiquitaje, y esto lo vemos en infinidad de causas en las que un policía mata a un pibe porque se le quedó con un vuelto, como es el caso en Matanza, donde el policía homicida está librado de impunidad, a pesar de que lo mató en el garage de la casa del otro integrante de la banda de la policía bonaerense, en la casa de la familia Cruz, que ya tenía una condena anterior por otro caso de ´gatillo fácil´".

Sobre el uso que la policía hace de menores para delinquir, afirmó que "es permanente el hostigamiento de los chicos con este tipo de ofertas laborales", con algunos casos extremos como el del escuadrón que dirigía Hugo Alberto Caseres, "el famoso Hugo Beto de San Fernando, que además de forzar a los pibes a robar para él, a los que robaban por la propia los mataba, y le pudimos comprobar 12 casos, de los cuales nueve quedaron impunes por una acordada con la Suprema Corte de la Provincia". 

Consultada sobre la interpretación sociológica respecto al "ensañamiento" de las fuerzas de seguridad para con los jóvenes, Verdú afirmó que no puede "hacer interpretaciones sociológicas, sino políticas" y que en sus archivos "se registra que en el último año, desde que asumió Mauricio Macri, hay un muerto cada 25 horas" y que de ese total, "el 52% son menores de 25 años".

"Nosotros entendemos que todos los mecanismos de control territorial, las detenciones arbitrarias, cuya consecuencia es el gatillo fácil, esas detenciones que encuentran en la comisaría la puerta de entrada a la tortura y la muerte tienen un objetivo de control social que estamos viendo con el incremento de racias, de pinzas, de retenes, de pedidos de documentos".

"Todos esos son indicios de control social, que no están apuntados al tipo de 80 años que ya no va a cambiar su pensamiento ni la forma en que actua, sino a quien desde la cuna  se le enseña que mejor agache el lomo, que no va a poder manejar su propio destino, y a que sí viene un policía por la vereda, mejor es hacerse invisible. Es disciplinamiento puro" afirmó.

Potocar y Nueva Policía

Sobre la Nueva Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la abogada opinó que "de nueva no tiene nada", "sólo el nombre", porque en realidad es "la simple suma aritmética de la Federal y la Metropolitana". También tuvo palabras para el nuevo Jefe de Policía, José Pedro Potocar: "fue jefe de todas las comisarías. Era el director general de comisarias, es decir que todo lo que haya pasado en una comisaría durante su gestión es su última responsabilidad: cada muerto, cada torturado, cada detenido arbitrariamente". Además aseguró que "anduvo por drogas peligrosas".

Por último, al ser consultada sobre los resguardos que la Nueva Ley de la Policía tiene para la violación de los Derechos Humanos, la abogada afirmó que "tanto a nivel nacional como de todas las provincias, lo que dicen los protocolos de actuación es el uso del arma, la última "ratio", y solamente cuando hay dos condiciones: peligro para sí o para terceros y ausencia de riesgo de lesionar a otros. Jamás hubiese muerto este muchacho, Jonathan por el disparo del policía si se respetaba el protocolo de no lesionar a otro".

"En la reglamentación, los protocolos de actuación son maravillosos, pero sí realmente se aplicaran, no tendríamos un solo caso de gatillo fácil", concluyó.