En el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Marcelo Martini sobre el destino de 36 sobres por un monto de $153 mil a la cúpula policial, nueve jefes policiales de la ciudad de La Plata se encuentran detenidos por presunta "asociación ilícita". Además, Martini, le pidió a Asuntos Internos de la Policía que investigue, nada más y nada menos, que al jefe de la Policía Bonaerense, Superintendente Pablo Bressi, y al Comisario General Fernando Grasso por la misma causa.

Desde el primero de abril de este año, cuando se descubrió esta ilícita maniobra de recaudación por las máximas autoridades policiales de La Plata y se descabezó la mayoría de las 16 comisarías de la ciudad, quiénes deben administrar efectivos y patrulleros policiales para procurar la seguridad de los ciudadanos, se encuentran pendientes de ésta crisis institucional.

Si el Fiscal Martini decide investigar a fondo la corrupción policial, y no se deja presionar por el status quo de las jefaturas policiales, el poder político y judicial, pondría en jaque a toda la institución policial; el sistema a través del cual el Estado debería proteger a los ciudadanos, pero que desde hace décadas se utiliza para beneficio de unos pocos.

Menos comisarías y más patrulleros

Dieciséis comisarías, tres turnos por cada una de ellas, dos centenares de efectivos policiales dedicados a tareas administrativas por día. Estamos hablando de dieciséis criterios diferentes, dieciséis realidades en logística y medios, para tratar de brindar seguridad a una misma ciudad y en un momento dónde los jefes se preocupan más por no ser denunciados por las investigaciones de fiscales, que por hacer que el sistema de seguridad funcione.

Este escenario, es preocupante, en una ciudad dónde, cada día, se reportan en los medios locales robos violentos, entraderas que dejan víctimas heridas, homicidios y enfrentamientos armados con la policía.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene que tomar la decisión de intervenir la Jefatura Departamental y tomar el control. Llevando a cabo una rápida evaluación del territorio, el personal policial y los medios con que se cuenta para modificar el sistema vigente que ocupa al personal de seguridad en tareas administrativas.

Es oportuno replantearse la excesiva distribución administrativa en Comisarías. Necesariamente, es hora de pensar en una organización institucional con menos dependencias y mayor centralización de las decisiones, dónde se coordinen las tareas de prevención en el territorio.

El Gobierno provincial debe ordenar la institución en base a las necesidades actuales; debe ser revolucionario en la construcción de nuevos sistemas de seguridad, adaptados a las sociedades actuales, ya que el  sistema vigente de comisarías proviene de principios del Siglo XX.