En el año 2015, según las estadísticas oficiales de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se abrieron 719.728 Investigaciones Penales (IPP) por diversos tipos de posibles delitos, pero sólo 29.110 (el 4% de las investigaciones) contaban con imputados, o sea, posibles responsables por la comisión de algún delito.

Lo llamativo de esa estadística oficial es que 355.272 investigaciones (el 49%) tenían "posibles autores", pero la justicia no lograba imputarles la comisión de los delitos y en 335.346 (46%) ni siquiera sabían quiénes podrían haber sido sus autores. En 2014 se iniciaron similar cantidad de investigaciones, lamentablemente, con los mismos índices de ineficiencia investigativa, dejando un magro saldo del 4% de las mismas con posibilidad de avanzar hasta un juicio.

Viendo estas cifras y teniendo en cuenta que muchos delitos no llegan a ser denunciados por miedo o cansancio de las víctimas, podemos comprender, claramente, que la gran parte de la inseguridad parte de la ineficiencia del sistema judicial, y hace que las víctimas del delito no encuentren la Justicia que el Estado les debe garantizar.

Para dar seguridad hay que hacer cumplir la ley

Hace unos meses, tuve el privilegio de participar de un Encuentro Latinoamericano de Trabajadores de la Seguridad Pública en el Estado de Minas Gerais, Brasil, compartiendo experiencias y formas de funcionamiento de varias fuerzas policiales de nuestro continente. Me llamó la particular atención la división de Policía Civil y Policía Militar del país anfitrión. La primera, se dedica a las investigaciones judiciales y si bien depende del Poder Ejecutivo, articula directamente con el Judicial; mientras la denominada Policía Militar es de seguridad, actúa en prevención y acción directa sobre delitos en flagrancia.

Desde el 8 de noviembre de 2012, hace cuatro años, en la Provincia más grande y poblada de Argentina se aprobó la ley 14.424, que creaba la Policía Judicial a cargo de la Procuración General, que en su funcionamiento, es directamente similar a la Policía Civil brasilera, la cual no debería prevenir ni actuar ante los delitos, sino investigar las denuncias penales a fin de garantizar la Justicia, dotándola de la mayor cantidad de pruebas.

A pesar de que la Constitución provincial ordenaba en su artículo 166 y la Legislatura se tomó 18 años para aprobar una ley que cree un cuerpo policial dedicado a investigar y recabar pruebas para esclarecer los delitos, aún hoy no existe la misma y la eficiencia del sistema de investigación penal es una triste añoranza de las miles y miles de víctimas del delito.

Luego de 28 años de un gobierno provincial peronista, los bonaerenses deben ver y vivir transformaciones estructurales que reivindiquen derecho olvidados, como ser Seguridad, Justicia y Educación, siendo urgente la puesta en marcha de esta nueva fuerza policial judicial, que se ocupe de los cientos de miles de casos sin justicia acumulados en los juzgados de nuestra provincia, a fin de no caer en aquella premonición de Mariano Moreno: "nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y será tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía".