Ha sido poco comentado el papel que han desarrollado las empresas de servicios públicos en este año donde, el aumento tarifario les ha significado un claro beneficio. Ha sido, sino el mas, el tema de mayor preocupación de los usuarios y también de las autoridades del Estado. En esa extensa negociación de derechos fueron actores a la espera del ingreso de recursos en sus arcas. Poco se habló, en los medios de comunicación, en las redes sociales e incluso en las audiencias públicas, de los actores más importantes y beneficiados por los nuevos cuadros tarifarios, las empresas de servicios públicos.

Poco se evaluó de su gestión por los más de 20 años de concesión, que ya llevan los servicios públicos domiciliarios en la región (luz, gas, agua), poco se indago, cuál fue su rol, responsabilidad, inversiones hechas y a realizar, con el objeto de concretar la universalidad, la continuidad y regularidad de cada servicio público.

Por otro lado ha transcurrido un año, donde las empresas tenían conocimiento e información que habría recomposición tarifaria, ha pasado todo este año calendario donde efectivamente han sido formalmente anoticiados que serían beneficiados con esos aumentos, y han transcurrido meses donde efectivamente les  ha ingresado números extras a su balance, circunstancias que exigen, previsibilidad por parte de los que están al frente de las empresas de servicios públicos.

Las fuentes oficiales ya han avizorado que de continuar las condiciones en que se encuentran los servicios públicos, cuando lleguen las altas temperaturas, habrá interrupciones, siendo una constante en los últimos años.

Si ello ocurre los usuarios de servicios esenciales de luz y agua, veremos afectados nuestros derechos, al no contar con un servicio regular y continuo. Si ocurre ello habrá padecimiento por recursos indispensables para la vida, que hacen a la salud de las personas, a su vivienda digna, que afectan derechos de todos y principalmente de los más vulnerables,también los comercios cargados de stock para afrontar una buena etapa de ventas que pronostica todo fin de año deberán repensar esa situación ante productos que requieran conservación, lo mismo los domicilios particulares que según la costumbre nacional a fin de año se cargan las heladeras como para afrontar el mismísimo fin del mundo.

Frente, a lo que sigo creyendo, han sido desproporcionados aumentos tarifarios, injustos, y de los cuales debe seguirse batallando legalmente para su retractación, creo que ante los hechos actuales, el dinero de los aumentos ya han ingresado a las empresas y frente al usuario, dentro del paradigma que hoy esta propuesto, quienes están en deuda son las distribuidoras con el usuario.

Sin Consideraciones

 En los más de 20 años de concesión de los servicios públicos domiciliarios, como usuarios, hemos tenido que  entender y aceptar distintas justificaciones por la falta de regularidad. Las más populares que la culpaba era del Estado empresario, luego las crisis económicas, condiciones climáticas, las variables económicas y financieras, también las supuestas conexiones irregulares, el contexto internacional, el contexto regional, pero siempre presente la falta de recomposición tarifaria.

Hoy con los aumentos no escalonados, ausentes de progresividad, en porcentajes arriba de los cientos por cientos, (en contra de lo que dispuso la Corte Suprema de Justicia de La Nación) el argumento raleado de que no tienen aumentos cae en saco roto.

Frente a ello, y la previsibilidad expresada por fuentes oficiales, respecto de que habrá a fin de año interrupciones del servicio público prolongadas, no puede haber las mismas consideraciones que en tiempos pretéritos. Las empresas de servicios públicos domiciliarios, agua y energía eléctrica, deberían a esta altura tomar (mejor aun haber tomado) medidas tendientes a incrementar el número de su plantilla de personal, a fin de poder reponer más rápidamente sus interrupciones, proporcionarse de los bienes que permitan el abastecimiento móvil, cisternas para almacenar agua, grupos generadores para sus pozos, o generadores eléctricos en aquellas zonas donde el servicio de energía eléctrica puede preverse más afectado por el alto consumo y la falta de inversión en las líneas de distribución. A esta altura deberían habilitar procedimiento de información que permitan a los usuarios conocer los tiempos de reposición del servicio y poder prever cuestiones sanitarias (falta de agua, conservación de alimentos) y procedimientos de reclamos ágiles y eficientes que sirvan a la empresa como información para devolver la regularidad del servicio en el mayor tiempo posible.

También, luego del ingreso de recursos genuinos y recientes, las empresas deberían haber afrontado la situación de barrios que hoy se encuentran,según lo expresado por las mismas distribuidoras, con conexiones irregulares. Esta justificación hoy no puede ser oponible, en tanto son las propias distribuidoras quienes deberían realizar las inversiones para dar respuesta a estos usuarios incluyéndolos en sus sistemas de distribución cumpliendo el objetivo constitucional de la universalidad y acceso al servicio.

Si ya se conoce que va a haber cortes o interrupciones de servicio, las empresas deberían comenzar a comunicar cuales son las zonas más afectadas, cual es el estado del servicio. Informar de ello a los usuarios puede traer mucha utilidad y beneficios al poder prever esas situaciones a cada uno de los ciudadanos que se vean afectados.

Acceso al servicio con regularidad

Cuando expresamos estas recomendaciones lo hacemos poniendo en conocimiento que de lo que se habla aquí es de garantizar, el acceso al servicio público, su continuidad y regularidad y su característica de universalidad. El acceso al servicio público en la provincia de Buenos Aires está establecido en la ley 13133 de implementación de los derechos del consumidor, en su Capitulo V artículo 10 dice, que las políticas y controles sobre los servicios públicos de jurisdicción provincial tendrán entre otros, los siguientes objetivos,  asegurar a los usuarios el acceso al consumo y una distribución eficiente de los servicios esenciales.

La propia normativa del marco regulatorio eléctrico expresa que se reconocen a favor de los usuarios del servicio público de electricidad, radicados en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires los siguientes derechos mínimos:recibir un suministro de energía continuo, regular, uniforme y general que cumpla con las metas y niveles mínimos de calidad que determine la Autoridad de Aplicación, al acceso a la electricidad como un derecho inherente a todo habitante de la Provincia de Buenos Aires, garantizándose un abastecimiento mínimo y vital.Por su parte la normativa originaria del servicio público de agua de la provincia previó entre los derechos del usuario exigir al Concesionario la prestación de los servicios conforme a los niveles de calidad y continuidad y a reclamar ante el mismo si así no sucediera.Toda esta normativa apoyada en los atemporales fundamentos constitucionales, lo que no implica su ideal materialización, ha sido reforzada por reciente Jurisprudencia Cortesana.

Hechos consumados.

La actualidad nos marca, que las distribuidoras han podido prever mejoras en el servicio a lo largo de todo este año, que han ingresado en sus arcas importantes recursos provenientes de los usuarios, que sin pretender optimizar el servicio en un año, si podría pretenderse que se logre el alivio que representa alcanzar la regularidad para aquellos que lo tienen y comenzar a incluir a aquellos que no lo tienen, luego del mejoramiento financiero de la empresa.

(*) Roberto Daoud, exclusivo para Cadena BA. 10/10/2016