En los primeros días de abril por una denuncia telefónica, una redada de Asuntos Internos a la Jefatura Departamental La Plata dejó al descubierto un sistema de recaudación ilegal por parte de la estructura policial de dicha Jefatura, incluyendo Jefes de Distrito y Jefes de dependencias que hasta hoy siguen siendo investigados.

Esta semana en comisarías de la Policía Federal Argentina de la Capital Federal, con motivo de una investigación judicial llevada a cabo por el fiscal José María Campagnoli, se encontró un sistema de recaudación ilegal a través del regenteo de los denominados "trapitos" y el cobro de "cuotas de seguridad" a comercios y empresas de las zonas de Nuñez y Saavedra.

Ambos hechos dejan traslucir en distritos y fuerzas policiales diferentes, idénticos sistemas de recaudación ilegal y desnuda una cultura policial, social y política que lleva varias décadas de funcionamiento y hace que las policías cuiden intereses de sus jefes y no derechos de los ciudadanos.

La Policía que necesitamos

Basta con recorrer las calles de la Provincia de Buenos Aires para ver a policías parados en la puerta de los almacenes o dentro de los negocios. Pero esto no es casual, sino que todos los días estos comercios cuentan con custodia estatal personalizada.

Esta escena que encontramos en cualquier barrio tiene tres actores principales y un director ausente. Por un lado el comerciante que cansado de los robos pide a un jefe policial una custodia, dicho jefe encuentra una cuota mensual en esa oportunidad y el efectivo policial que es enviado a cuidar al comerciante en lugar de velar por la comunidad en general.

El director ausente es el Gobierno, dado que esta práctica es común a muchísimos los distritos y barrios, tanto de la Capital Federal, la Provincia de Buenos Aires o cualquier otra y sucede ante la ausencia de control por parte de quienes deben conducir las políticas de seguridad.

No existe decisión política de un plan de seguridad o política pública que garantice su eficiencia, si no es controlada desde que se define hasta su total implementación. El Ministerio de Seguridad no cuenta con un área de "control de gestión", capaz de verificar en el territorio provincial la puesta en marcha de las decisiones por éste tomadas.

Mientras las cúpulas políticas no caminen el territorio para comprender el actual funcionamiento de las fuerzas de seguridad y sean los jefes los que tomen las decisiones sobre el rol de los efectivos policiales; mientras la jefatura siga siendo amo de sus subalternos y la política no sepa que rol ocupa cada uno de sus agentes, las políticas de seguridad y los derechos de los ciudadanos seguirán por caminos separados.

Ante los claros ejemplos que demuestran el nivel de corrupción de las estructuras policiales, los gobiernos deben tomar decisiones reales, sin "maquillaje" y controlar a las fuerzas de seguridad desde el escalón inferior hasta los máximos mandos, sino la seguridad seguirá siendo una utopía.