En el año 2013 Mauro Urribarri, hijo del entonces Gobernador de Entre Ríos, junto al Senador provincial Enrique Cresto fueron interceptados por Gendarmería Nacional con nada menos que 20 kilos de cocaína en su auto.

Hoy Mauro Urribarri es el Ministro de Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, con la Policía, el Servicio Penitenciario y la Justicia bajo su injerencia ejecutiva.

De la misma forma la semana pasada se encontró un cargamento de 2500 kilos de marihuana en un camión que como pantalla llevaba una carga de zapallitos verdes.Curiosamente el vehículo era de una empresa perteneciente a la sobrina del actual Gobernador de Formosa Gildo Insfrán.

Otro hecho dejó en Salta capital un raro tufo a mentira, cuando la Policía Federal Argentina detuvo en plena vía pública a dos autos con un total de 8 policías integrantes de la Brigada de Narcotráfico, acusados de garantizar el negocio monopólico de la venta de drogas en un barrio periférico de esa ciudad.

Lo llamativo de Salta, fue que el Gobernador Urtubey y su Jefe de Policía Silvestre salieron inmediatamente a minimizar el hecho. El Comisario General a cargo de toda la Fuerza policial de esa provincia salió a decir que la PFA sólo había secuestrado 34 grs de marihuana en posesión de un agente, pero que serían para consumo de su mujer, reduciendo un hecho grave a un mandado familiar.

Por esos dichos el Jefe de la Policía sería indagado por la Fiscal que lleva la investigación, por resunta violación del secreto de sumario que se había impuesto sobre la causa.

Si bien  los dos primeros casos hablan de contrabando y venta de estupefacientes por parte de hijos y familiares del poder, y el tercer caso se trataría de ocho Policías que en vez de combatir el delito lo garantizaban,los tres tienen en común que necesitan del Estado para que se garantice el NO CONTROL para que el negocio ilegal pueda prosperar.

La hipocresía e impunidad, cuestan vidas

Ninguno de estos ni los cientos de casos vinculados al poder y delitos son casos aislados. Todos son producto de una ambición desmedida, una codicia que corrompe al poderoso y destruye familias enteras y el futuro de muchos jóvenes.

La droga es un negocio millonario que no paga impuestos, pero debería ser controlado por el propio Estado a través de sus estructuras de prevención y control del delito, como son el caso de las policías antinarcóticos, fiscales, jueces y funcionarios de Gobiernos.

Depende del Estado la persecución del crimen, sobre todo los que dejan miles de víctimas a diario como lo es el narcotráfico. El problema ha sido que no tenemos un Estado que controle a quienes nos gobiernan, que garantice que las leyes se cumplan y que se juzgue a los delincuentes con la misma vara sin importar su status.

La seguridad es un problema de todos que deben solucionar los que gobiernan, pero los ciudadanos no debemos quedarnos mirando de brazos cruzados cuando un narco llega a ser Ministro, porque la impunidad disuelve la sociedad, quebranta las reglas, nos impide diferenciar que está bien y que está mal. Y siempre somos los ciudadanos de a pie los que terminamos pagando los platos rotos de las fiestas ajenas.