No es novedad que la delincuencia es un flagelo constante en nuestro país y que todos los gobiernos vienen practicando diferentes metodologías para prevenirla. Lo real es que no se ha llegado a reducir lo suficiente para que los ciudadanos se sientan más seguros.

En paralelo, existe otra epidemia que genera inseguridad, desde dos miradas diferentes: la corrupción policial y la corrupción política; si bien no generan la misma sensación que un delincuente apuntándonos con un arma para quitarnos lo que nos pertenece pero debilita por un lado la capacidad de las fuerzas de seguridad, y por el otro distorsiona el objetivo de la institución.

Hagamos un ejercicio, pensemos en que cada uno de nosotros es el comisario del barrio y estamos a cargo de un personal, patrulleros y equipamiento para cuidar a nuestros vecinos, pero ¿qué sucede si los funcionarios responsables de dicha compra priorizan un negocio, o el ahorro en pos de recibir un "mejor retorno"? ¿Con qué calidad de elementos usted va a contar para cuidar a sus vecinos?

Y qué sucede si cuenta con el equipamiento para que el personal a su cargo  pueda actuar ante un delito pero su voluntad está puesta en aprovechar esos medios para tener un ingreso extra en sus bolsillos, ¿le interesa realmente brindar seguridad?

En ambos casos, dónde la corrupción se encuentra en la compra de equipamiento, brindar seguridad se vuelve un discurso y deja de ser la voluntad de las estructuras responsables de la Seguridad Pública, en su cúspide o en la base.

Más derechos, para proteger nuestros derechos

En primer lugar, debemos mirar cómo funciona el sistema de seguridad pública y a través de qué elementos el Estado debe proteger y resguardar los derechos de los ciudadanos y, para ello, necesitamos poner principal atención en los trabajadores de la seguridad pública, ya que en la práctica, depende de estos la seguridad real de los vecinos, porque son los ojos y los cuerpos que vigilan y protegen.

Ahora, pongámonos en el papel de un policía: arriba de un patrullero en malas condiciones, con ruedas desgastadas, asientos rotos, motor casi fundido; y que no nos permitan criticar, pedir o reclamar por estas falencias, y ante el intento de denunciar en Asuntos Internos la respuesta sea cambiarnos de lugar de trabajo, en vez de mejorar las condiciones laborales.

Estas situaciones seguramente nos provocarán una gran preocupación, porque resulta contradictorio que si el sistema debe brindar seguridad a los ciudadanos, los ciudadanos que deben garantizar ese derecho, no tengan garantizado los suyos.

Ahora, habiendo intentado ponernos en el lugar de los responsables de nuestra propia seguridad, la que desde el Estado se debe garantizar a todos sus ciudadanos, ¿qué opinaríamos sobre permitirle ejercer sus derechos básicos de opinión y autoprotección de esos derechos a los policías que visten uniforme y están dispuestos a arriesgar su salud y su vida para protegernos?

Finalmente, y tratando que comprendamos el funcionamiento de la Seguridad Pública en nuestro país, ¿cómo podemos pedir que nos brinden seguridad si como sociedad moderna nosotros no exigimos que el Estado garantice también los suyos?