El ex ministro de Planificación Julio De Vido y su segundo, el ex secretario de Obras Públicas José López, fueron citados a indagatorias por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la causa Skanska, por supuesto cobro de coimas y defraudación en la contratación de gasoductos a cargo de esa firma sueca.

La causa había sido cerrada, pero en abril pasado la Cámara Federal de Casación resolvió por voto dividido su reapertura, tras lo cual el fiscal Carlos Stornelli pidió la indagatoria de los ex funcionarios, concretada ahora.

Para el fiscal a cargo de la investigación, De Vido y López son sospechosos de "cohecho" y de defraudación al Estado Nacional mediante el cobro de sobreprecios en la construcción de los gasoductos Sur y Norte, que estuvo cargo de Skanska y de las firmas Transportadora de Gas del Sur y Transportadora de Gas del Norte, vinculadas ambas de grupo Techint.

Además del cobro de "comisiones indebidas", les imputó formar "parte de la maniobra defraudatoria" en perjuicio de la administración pública y "negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas" para favorecer a la constructora sueca, cuyos directivos también participaron de esa operatoria ilegal.

Detenido el 14 de junio pasado cuando arrojaba bolsos con dinero con 9 millones de dólares a un monasterio de Moreno, López deberá comparecer ante Casanello el 24 de octubre y un día después deberá hacerlo el ex ministro kirchnerista.

La causa había sido tramitada en el Juzgado Federal 7 cuando lo ocupaba el ya jubilado Norberto Oyarbide, quien no llego a indagar a ninguno de los dos funcionarios ahora citados.

Tras un peritaje realizado en el ámbito de la Corte Suprema, que dictaminó que no había habido sobreprecios, en noviembre del 2011 la Sala I de la Cámara Federal porteña desprocesó a funcionarios y empresarios imputados.

Como sea, en abril pasado la Sala IV de Casación resolvió la reapertura por el voto mayoritario de los camaristas Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, y la disidencia de Ángela Ledesma.

El fallo dio validez a una grabación obtenida de manera ilegal en la que un directivo de la empresa sueca confesaba el pago de sobornos a funcionarios mediante el uso de facturas falsas, que ahora podrá ser tenida como prueba.

Tras esa convalidación, Stornelli pidió la anulación de los sobreseimientos de ex funcionarios y de empresarios mediante un planteo de "cosa juzgada írrita", que ahora debe resolver la Cámara Federal.