La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) analizarán el próximo martes, cada una por su lado, la situación de las tarifas de energía para el sector, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso frenar el aumento de tarifas.

"El fallo no inhabilita que industriales o comerciantes puedan reclamar judicialmente", expresó José Urtubey, integrante de la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA), quien remarcó que "la actividad industrial está muy sensible, muy mal" y subrayó que "en el mes de junio hemos caído 10 puntos".

Por ese motivo es que la UIA se reunirá este martes "para ver los pasos a seguir, siempre apelando al diálogo político y constitucional porque es la manera de trabajar estos temas".

La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires realizará el próximo martes su primera reunión con la nueva comisión directiva elegida por consenso el pasado jueves 18 de agosto y por presión de los hechos, y la preocupación de muchos de sus integrantes, también incorporará a su agenda el tema tarifario como prioridad para el análisis.

La UIPBA concentra más del 40% de la producción industrial de toda la economía argentina y es la institución más fuerte de las que integran la Unión Industrial Argentina.

El jueves pasado la Corte Suprema de Justicia declaró nulo el aumento en las tarifas de gas para usuarios residenciales, sin embargo el fallo no incluye a industrias comercios y otro tipo de entidades sociales como los clubes de barrio.

Paro además, funcionarios y ex funcionarios se mostraron en contra de la situación desigual del aumento de tarifas como de las dificultades que genera el fallo para la industria energética y para la economía nacional.

"Sin cuestionar el fallo ni entrar a analizar los errores de apreciación del Gobierno al estimar viable una audiencia pública ex post del aumento, las consecuencias son negativas para el sector energético, para las cuentas fiscales, para la inflación y para el proceso de recapitalización del sector, llave maestra para su recuperación luego del fenomenal vaciamiento que le produjo el kirchnerismo", expresó el ex secretario de Energía, Emilio Apud.

"Si bien el fallo le significó a la administración del Presidente Mauricio Macri un costo político considerable, desde lo económico significa privarle a las arcas públicas de 6 meses de aplicación del aumento en las cuentas de gas al que, sumada la quita por encima del 400 y 500% a las cuentas residenciales y resto, respectivamente, significarán unos $11.000 millones siempre que esa quita durase un año", agregó el ex secretario de Energía.

"Desde el punto de vista energético y económico el fallo perjudica a los tramos más vulnerables del sector gasífero, ya que el principal "cuello de botella" está en transporte y distribución; no en boca de pozo", aseveró el informe semanal de la consultora Economía y Regiones (EyR).

Es decir, "si en boca de pozo se produjera -o se importara- todo el gas que los argentinos deseáramos demandar, no hay infraestructura física de transporte -tampoco de distribución- para hacerlo llegar al consumidor final", indicó la consultora.

Para poder satisfacer la demanda en los centros urbanos y polos productivos industriales hace falta "agrandar" el caño troncal (el transporte), y para eso "hace falta inversión de largo plazo".

Economía y Regiones aseveró que "la deuda sería pagada por nuestros hijos con menos educación y salud pública en un futuro", mientras que "el impuesto inflacionario sería pagado, como siempre, en mayor medida por los más vulnerables; los que no tienen gas de redes".

También se refirió a la necesidad de pensar "la política energética a largo plazo" el diputado del Frente Renovador y ex dirigente de la UIA, José Ignacio De Mendiguren, quien expresó que "la energía es una palanca que define la política la posición competitiva de un país".

Por su parte, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, se mostró molesto al recibir la factura bimestral de energía eléctrica, con un costo de sólo $ 38 para el departamento que habita en la ciudad de Buenos Aires, ya que "de esta manera no mostramos una energía solidaria".

"La Justicia nos dijo que tenemos que hacer las cosas distintas y a diferencia de otros gobiernos no la acusamos (a la Corte Suprema) de golpista. Tenemos que adaptarnos a los que dice la ley y lo vamos a hacer", finalizó.