¿Sabías que todos los argentinos les pagamos el sueldo y las jubilaciones a los obispos? ¿Y qué además les otorgamos asignaciones a curas de frontera y seminaritas? ¿Y que los sacerdotes tienen gracias a la generosidad del Estado jubilaciones nada despreciables? 

La Iglesia Católica Apostólica Romana en pleno Siglo XXI corre con ventaja.

En primer lugar, la Constitución le da a la Iglesia un lugar privilegiado. El artículo 2 establece que "El gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano" y al menos en 2009 el 0,02% del presupuesto nacional fue entregado para el sostenimiento de la Iglesia. 

Es decir, la Iglesia recibe dinero de todos los contribuyentes para pagar becas y distintos subsidios. Y como si eso fuera poco cuenta con el beneficio de no pagar impuestos y que sus bienes gocen de la imposibilidad de ser embargados (artículo 2345 del Código Civil).

Los obispos cuentan con una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración establecida para el cargo de juez nacional de primera instancia según sostiene la ley 21.950 promulgada en 1979, en plena dictadura militar.

Bien, sabiendo todo esto, estamos en condiciones de afirmar que estas leyes son discriminatorias y moralmente injustas. ¿Es éticamente correcto hacerle pagar a todos los argentinos el sueldo de los obispos? ¿Es éticamente correcto que un fiel musulmán, judío o mismo un ateo esté sosteniendo a una institución religiosa que no practica ni le interesa practicar?  Uno podría creer que después de más de 2 mil años en pie la Iglesia podría recaudar voluntariamente el dinero de sus fieles. 

Por supuesto el dinero que le alcanza el Estado no es todo con lo que la Iglesia cuenta. Asimismo, no menosprecio ni subestimo el trabajo social que hace esta institución religiosa en nuestro país. Es inmenso el trabajo que hacen por ayudar a sus fieles en el camino de la fe y en la búsqueda de salir de la pobreza.

La decisión de a dónde van los impuestos recaudados del bolsillo de todo (por que los impuestos no discriminan) debería recaer en cada fiel. Nada, absolutamente nada de lo recaudado por las arcas públicas deberían ser asignados arbitrariamente a una religión en particular. Y como no le podemos dar el dinero recaudado a todas las religiones (por qué quién es el Estado para decir qué es o no una religión) porque aparecerían nuevos cultos todos los días, deberíamos directamente terminar con esta asignación.

El tema de fondo no es a dónde debería ir ese dinero (o de la corrupción que se genera cuando se reparte) sino que es un tema de moral. La separación del Estado y la Iglesia no solo es necesaria sino que es imprescindible. 

En Estados Unidos la constitución no establece acepción alguna a la identidad religiosa del Estado. Más por el contrario, en la primera enmienda sostiene que "El Congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión o a la prohibición del libre ejercicio de la misma". Esa enmienda priorizó la separación entre ambos organismos y por su parte prohibió al Estado a que interfiera en el libre ejercicio de cualquier religión.

El aboado y docente Yamil Santoro, quién difundió videos en pos de esta misma iniciativa, sostiene que hay otras formas que ayudan al sostenimiento de la Iglesia que no son mediante la confiscación del dinero ajeno por parte del Estado.

"Por ejemplo, se podría permitir que el aporte confesional se desgrave de impuestos, así, cada uno elige a quién apoyar, sea de la religión que sea, pero bajo ningún concepto debería haber una transferencia de recursos directas del Estado a cualquier religión. Podría deducirse de ganancias o emular el esquema de mecenazgo cultural que tiene la Ciudad de Buenos Aires para desgravarlo de ingresos brutos", explicó.

Existen otras maneras de colaborar para el financiamiento de esta y otras instituciones religiosas, añade Santoro, como la posibilidad de cruzar las bases de datos de la AFIP con la de registros de cultos y que mediante internet uno pueda darse de alta o de baja de una religión por ese medio. 

Nuestros recursos como ciudadanos son escasos. No tenemos un dineral para darle a todo el mundo. Esa es la realidad. Por tanto, resulta algo anacrónico, injusto y pedante que el Estado se auto ponga la decisión de decidir por uno dónde cree que su dinero para religión o ayuda social será mejor recibida.

Belén Marty. Exclusivo para Cadena BA. 07/08/2016

Periodista,  Lic. en Comunicación Social (Univ. Austral), Maestrando en Economía y Ciencias Políticas (Eseade). Ex corresponsal Cono Sur y Cuba de Pamam Post.